25 de febrero de 2020
25.02.2020

El pleno aprueba la norma de Movilidad y rechaza la reclamación del IVA al Estado

"El PSOE de Pontevedra es un peligro público que permite que se robe desde Madrid con la complicidad del BNG", afirma el PP - "Me suena a Quim Torra", le responde el PSOE

25.02.2020 | 03:43
El pleno municipal de Pontevedra reunido ayer en el Teatro Principal. // Gustavo Santos

El pleno municipal aprobó la nueva ordenanza de movilidad de Pontevedra, que entre otras cosas regula las medidas de los "lombos" reductores de velocidad en las calzadas, el uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal (patinetes) en el espacio público, así como la limitación de la velocidad a 10 kilómetros por hora, que se reduce incluso a 6 km/h en los lugares de convivencia entre vehículos y peatones. Esta normativa se aprobó con los votos que suman BNG y PSOE (14) y con la abstención de PP y Ciudadanos (10).

Además, en el pleno se rechazó la moción del PP que proponía que la corporación inste al Estado a abonar Galicia los 370 millones de euros que le debe. Se refiere a los 200 millones por el IVA de 2017 y 170 por cumplir el techo de gasto. En el debate de esta moción se colaron asuntos de política estatal, como el conflicto catalán, las condenas por corrupción al Partido Popular, o los ERE del PSOE andaluz.

Al abordar la ordenanza de movilidad, el concejal de Mobilidad, César Mosquera, afirmó que se trató de elaborar una norma que recoja las propuestas planteadas desde los diferente colectivos implicados, si bien el edil popular Pablo Fernández criticó que no se recogiese "ni una sola" de las propuestas de entidades como Pedaladas o de la Once. El popular criticó que pese a tratarse de una ordenanza muy vinculada al plan general de urbanismo, este sigue sin renovarse desde hace 30 años.

El PP también se quejó de la ordenanza admita "lombos" que puedan variar hasta en un 30 % sobre las medidas fijadas, o las velocidades difíciles de asumir por un vehículo a motor, como 6 kilómetros por hora.

Otras críticas se centraron en el "vacío legal" que se deja en la edad comprendida entre los 12 y los 15 años para circular con un vehículo de movilidad personal (patinete) en espacios peatonales.

El PP echa en falta en esta ordenanza el transporte público urbano, los carriles bici, la ciclologística, los aparcabicis, o las vías sanitarias aprobadas por el pleno en el anterior mandato.

César Mosquera defendió el nuevo reglamento por su "alta calidad" y defendió todas sus medidas, en muchos casos importadas de administraciones que gobierna o gobernó el PP.

Deuda con Galicia

En el debate de la deuda del Gobierno central con Galicia, el portavoz popular Rafael Domínguez calificó al PSOE local de "peligro público" para los pontevedreses porque "permite que se robe, que se esquilme desde Madrid", con la "complicidad" del BNG. "Os do PSOE de Madrid mexan por nós e os do BNG din que chove", lamentó el popular, quien instó a los nacionalistas a "defender a los gallegos" a quienes "roba" el PSOE desde Madrid.

Domínguez pidió al PSOE "algo de coherencia" ya que este partido en otras ciudades, como A Coruña, reclamó el pago de la deuda al Gobierno central.

En otro momento de este debate el portavoz popular acusó a un teniente de alcalde de Vigo, del partido socialista, de tener "cuentas opacas en Panamá" y al PSOE de Andalucía de ser "el partido que más ha robado, de largo, en la historia de la Democracia".

Ante estas acusaciones, el portavoz socialista, Agustín Fernández, instó al popular a denunciar "con nombres y apellidos" al concejal o concejala socialista de Vigo que tendría cuentas en Panamá o, en su defecto, abstenerse de "levantar infundios", del que el PP "tiene como maestro a Vox", grupo por el que el PP "acabará absorbido" de seguir en esta línea estratégica, dijo el socialista. Agustín Fernández subrayó lo chocante que el PP utilice el argumento de "Madrid nos roba, que suena tanto a Torra" (por el presidente catalán).

La nacionalista Carme da Silva espetó al PP local que su moción ha quedado desfasada en su redacción, dado que el presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado un recurso contra la medida del Gobierno central.

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