Más de 300 empresas afectadas y unos 20 millones de euros de deuda entre todas ellas. Este es el balance que hace la Asociación Gallega de la Construcción, Agalco, de las consecuencias que va a tener para el tejido empresarial pontevedrés y gallego la crisis de la empresa Nexia, que, desde hace meses viene incumpliendo los pagos con sus proveedores y otras sociedades con las que ha mantenido algún tipo de colaboración.

Desde Agalco informaron que, "ante la insostenibilidad de la situación", las "más de 300 empresas afectadas han decidido agruparse con el fin de aunar fuerzas para reclamar las cantidades que se les adeudan, que sumarían más de 20 millones de euros".

Así, los diversos acreedores han decidido crear una asociación denominada Asociación de afectados por Nexia Infraestructuras que comenzará a operar esta misma semana. La iniciativa para constituir esta plataforma ha surgido gracias a la proactividad de esta Asociación Gallega de la Construcción, quienes han trasladado debidamente la problemática a la firma de abogados que les asesora, Balms Abogados, con el fin de "gestionar y dar solución a esta situación".

Desde Agalco resaltan que la empresa, que "era una de las más conocidas y reputadas en el sector hasta la fecha pese a su juventud", ha cambiado recientemente de titulares, tanto a nivel de capital social como de administración. La anterior gestión, "causante de la actual situación, corría a cargo de Pablo Valiñas Monteagudo, empresario referente en el sector quien se presume huido a Panamá, en donde podría estar constituyendo otras sociedades de similar objeto social", indican desde Agalco. Afirman que esta plataforma reclamará el dinero que se adeuda "por las vías que procedan".

Un total de 62 trabajadores

Por otra parte, ayer también se conoció que al menos parece que se aclara algo el panorama para los 62 trabajadores afectados por la crisis en la empresa Nexia Infraestructuras S. L. Según desveló ayer la CIG, la Inspección de Trabajo acaba de instar a la Tesorería de la Seguridad a que dé de baja a la totalidad de trabajadores de esta empresa tras constatar que ha ido progresivamente perdiendo su actividad hasta la "paralización absoluta", según constató la propia Inspección, el 26 de enero de 2020.

Tal y como destacó el responsable de la CIG-Construcción, Xaquín Agulla, en este caso, y aunque la pérdida del puesto de trabajo siempre es lamentable, paradójicamente era la alternativa que más beneficiaba a los trabajadores, dado que llevaban más de un mes "atados a un muerto", como describió el propio Agulla, obligados a comparecer cada día a su puesto de trabajo a pesar de que se le adeudaban salarios y a que la empresa claramente "había colapsado". Esta nueva situación permitirá a los empleados acceder a las prestaciones de desempleo y comenzar a buscar una salida laboral.

La CIG explicó que esta situación, con la baja de los 62 trabajadores que integraban la plantilla de Nexia, "supone en la práctica el cierre definitivo de la empresa". Agulla asegura que, precisamente esta vía que es la que más beneficiaba a los trabajadores, eran la que supuestamente intentaba torpedear los sucesivos administradores y representantes de la empresa con sus movimientos de las últimas semanas, denunciando incluso "amenazas veladas y algunas más directas" a los representantes sindicales y trabajadores. Agulla refirió incluso una asamblea en la que representantes de la empresa llegaron a indicar que "se podían hacer el loco para no facilitar los certificados de empresa para no poder acceder a las prestaciones de desempleo", una afirmación que generó momentos de verdadera tensión. En cuanto a los sueldos que se adeudan, lo más probable es que los trabajadores tengan que acudir al Fogasa.

Agulla señaló que la intención de los nuevos administradores era, probablemente, intentar hacerse con los "despojos de la empresa" para intentar cobrar alguna certificación de obra pendiente a costa de retener a los trabajadores. El responsable de la CIG-Construcción en la comarca recordó que esta central sindical "lleva más de un mes realizando gestiones ante la autoridad laboral" pero que esta tardó 15 días en localizar a un interlocutor válido de la empresa" antes de poder demostrar "que la empresa colapsara". "Había claros indicios desde hace tiempo que las obras públicas que ejecutaba Nexia estaban siendo rescatadas por parte de las distintas administraciones adjudicatarias y los proveedores habían dejado de servirles material". Además, la compañía de renting con la que tenía contratado el servicio de transporte de personal también dejó de operar con ella.

En Panamá

El responsable sindical denunció que en todo el proceso llama la atención que el propietario inicial de la empresa, que supuestamente se encuentra en Panamá, le comunicase a los trabajadores por vía telefónica (en aquel momento la plantilla era de 67 operarios pero se produjeron algunas bajas voluntarias) que un grupo inversor solvente iba a adquirir la compañía. No obstante, Agulla subrayó que, sin embargo, "la venta de la empresa, que en principio iba a tener lugar el 17 de enero, no se produjo finalmente hasta el 5 de febrero y se hace a una sociedad instrumental vinculada a la propia Nexia". Agulla explicó que esa misma semana, en una nueva maniobra para cortar la vía que perseguía la central y los trabajadores, se intentó que el sindicato firmase un ERE que no aceptaron, bajo la amenaza de facilitar los certificados para cobrar el paro.