La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha aplazado para el martes día 3 de marzo un juicio que tenía previsto celebrar ayer contra un ciudadano macedonio, acusado de liderar desde Caldas una red dedicada al narcotráfico. Está acusado de los delitos de integración en grupo criminal y contra la salud pública.

En el banquillo de los acusados debía sentarse este martes Lui Volina, que, según sostiene la Fiscalía, "bajo su dirección y coordinación" estaba un grupo plurinacional de narcotraficantes que actuaban en la provincia de Pontevedra surtiendo a diferentes proveedores de cocaína y heroína. Seis de los miembros del grupo ya fueron condenados en sentencia firme de la Audiencia provincial de Pontevedra del 16 de febrero de 2017.

Sin embargo, en aquella misma causa estaban procesadas otras dos personas que se encontraban pendientes de enjuiciamiento, entre ellas el supuesto cabecilla, Lui Volina, que se encontraba en rebeldía al hallarse encarcelado en una prisión macedonia. Sorprendentemente, reapareció en España en enero de 2019 cuando fue detenido por la Policía Local de Caldas de Reis. La segunda persona que estaba siendo buscada era otro supuesto integrante de la red, Eduardo Ramón E.V., quien también ha sido detenido.

Sin embargo, ante la localización de ambos procesados, el fiscal antidroga, Pablo Varela, destacó que "no tiene sentido" que se celebren dos juicios por separado para cada uno de los acusados, por lo que interesó que se unifiquen las dos vistas previstas para cada uno de los acusados, en un único juicio a celebrar en marzo. Igualmente el letrado de la defensa, Víctor Bouzas, ha solicitado al tribunal que contemple una acumulación de los dos procedimientos por economía procesal. Además, el abogado de Lui Volina expresó su interés en llegar a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de una "rebaja sustancial" en el petición de condena.

El fiscal antidroga pide para Lui Volina por delito de integración en grupo criminal, dos años de prisión y por el delito de tráfico de drogas, una pena de nueve años de prisión, así como una multa de 860.062 euros.