La autopista no podía considerarse como tal durante las obras de ampliación de Rande, porque sus carriles en determinados momentos se redujeron a dos, uno por cada sentido. Además, el cobro por este servicio se puede calificar como "práctica abusiva" en el marco de una contratación. Fueron algunas de las conclusiones de la Fiscalía, en la última jornada del juicio contra la concesionaria de la AP-9, Audasa, a la que el ministerio público, las asociaciones de consumidores y usuarios Adicae y En Colectivo, así como doce particulares a título individual, demandan una indemnización por las retenciones ocurridas como consecuencia de las obras de ampliación del puente de Rande, entre 2015 y 2018.
En el juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra ha quedado visto para sentencia esta demanda, en la que la Fiscalía reclama que se indemnice a los usuarios por un servicio que no recibieron, o que fue deficiente.
Los fiscales Alejandro Tuero y Santiago Miguel Cruces reprocharon además a la empresa que durante estos hechos no existiese ningún cartel en los accesos a la autopista que advirtiese a los usuarios de las circunstancias de la vía, una infraestructura por otra parte "insustituible" para los ciudadanos, como recordaron los representantes del ministerio público, que instaron al juez a que demuestre que en Galicia "se protege a los consumidores".
La Fiscalía presentó dos acciones, una de cesación de actividad porque la autopista no tenía tal condición durante las obras, y otra de indemnización sobre los afectados. Reprochó a la concesionaria que no bonificase al menos el precio del peaje como consecuencia de la rebaja del servicio. Entiende que es la empresa la que debe asumir el perjuicio y el coste de las obras, ya que es también quien se beneficiará por ello.
El ministerio público expuso además que estas retenciones en Rande tuvieron repercusión sobre el resto de tramos de la autopista.
Abogacía del Estado
Por su parte, la Abogacía del Estado, alineada en sus posturas con la empresa demandada, arguyó la falta de competencia de un juzgado de lo Mercantil para resolver una cuestión "administrativa".
Según el abogado del Estado, la autopista AP-9 es una infraestructura de titularidad pública y la concesionaria es una mera gestora del servicio. La administración de las vías de comunicación "es una actividad propia del Estado", dijo. Por eso una sentencia condenatoria supondría "un gravísimo riesgo", que retornaría "como un boomerang" contra los Presupuestos Generales del Estado. No solo por las indemnizaciones, que Audasa podría reclamar, sino también por las consecuencias futuras de un fallo condenatorio.
Respecto a la competencia de la jurisdicción mercantil, el letrado de la Administración central argumentó que este asunto correspondería al orden contencioso administrativo por tratarse de una reclamación administrativa. "Se ha presentado como una colisión entre intereses de particulares cuando no lo es", afirmó el abogado del Estado.
Apeló además a la ley de explotación de las autopistas del Estado, para alegar que no existen ninguna norma que exima a los usuarios del pago del peaje, "por ninguna circunstancia, sin excepción alguna". Y en cuanto a las bonificaciones al precio de la autopista, el letrado del Estado apuntó que correspondería al Ministerio de Fomento (ahora Transportes) y no a Audasa establecer dichas bonificaciones.
En la última sesión de este proceso testificó un perito propuesto por Audasa, quien limitó las incidencias en el período de obras a solo dos, en tres años. Este técnico propuesto por la empresa restó importancia a los perjuicios que se podrían ocasionar para los conductores durante las obras. Sin embargo, tras un largo interrogatorio del fiscal, acabó admitiendo que las condiciones de la vía "no eran las mismas" durante las obras, ya que se suprimieron carriles, y que sus circunstancias no eran "las óptimas de una autopista".
En esta declaración y a preguntas del ministerio público, el técnico también acabaría reconociendo que hubo más incidentes de los incluidos en su informe.
El especialista reconoció también, a preguntas de uno de los abogados de la acusación, que Audasa "es un buen cliente mío" y que de sus 15 últimos trabajos al menos 12 los realizó para la concesionaria de la autopista.
Los últimos testigos de este proceso fueron tres agentes de la Guardia Civil -el tribunal no admitió ningún testimonio de los afectados, propuestos por la Fiscalía-, que en ningún caso prestaron servicio en la autopista, sino en la rotonda de Domaio, en la salida de la autovía do Morrazo hacia la AP-9 y la N-554 de Vilaboa.
Impedir el acceso a la AP-9
En todo caso y a preguntas de la acusación, los funcionarios detallaron algún caso "puntual" en el que el "colapso" era tan importante que tuvieron que impedir el acceso a la AP-9 a más vehículos porque "ya no entraban más".
También indicaron que en aquellas fechas se montó un dispositivo especial de cuatro agentes, dos en la rotonda y otros dos en la autopista, en las horas punta de la jornada y durante todo el tiempo que duraron las obras. Tenían como cometido tratar de aliviar los atascos que se producían por las obras de Rande y por las del Corredor do Morrazo.
La Fiscalía había solicitado la asistencia como testigos de guardias civiles destinados a este tramo de la autopista durante las obras. La Administración envió a declarar a agentes que no estuvieron directamente en la autopista, sino en los accesos.
