La Fiscalía defendió la necesidad de indemnizar a los afectados por el cobro de peajes "abusivos" en la AP-9 durante las retenciones ocasionadas con motivo de las obras en el puente de Rande entre 2015 y 2018. En la última sesión del juicio contra Audasa, celebrada este miércoles, la Abogacía del Estado defendió la falta de competencia de un juzgado de lo Mercantil para resolver una cuestión "administrativa", mientras que la Fiscalía subrayó que la concesionaria no ofreció el servicio por el que se le paga.

Según la Abogacía del Estado, la autopista AP-9 es una infraestructura de titularidad pública y la concesionaria es solo la gestora del servicio. Por eso, una sentencia condenatoria para Audasa supondría "un gravísimo riesgo", cuyo importe se volvería además contra los Presupuestos Generales del Estado.

El letrado de la Administración central apeló además a la falta de competencia de jurisdicción mercantil sobre este asunto ya que --según entiende-- correspondería al orden contencioso administrativo por tratarse de una reclamación administrativa. "Se ha presentado como una colisión entre intereses de particulares cuando no lo es", afirmó el abogado del Estado.

Alegó además que no existen ninguna norma que exima a los usuarios del pago del peaje, "por ninguna circunstancia, sin excepción alguna". Y en cuanto a las bonificaciones al precio de la autopista en estas circunstancias, el abogado del Estado apuntó que correspondería al Ministerio de Fomento (ahora Transportes) y no a Audasa establecer dichas bonificaciones.

La Fiscalía reclamó indemnizaciones para los usuarios que han presentado una reclamación por el servicio recibido en aquellos días y calificó de "clausula abusiva" de la contratación tener que pagar por un servicio que no se va a ofrecer, o se va a prestar deficientemente. "Pase lo que pase, siempre vamos a cobrar", resumió el fiscal.

En la última sesión de este proceso testificó un perito propuesto por Audasa, quien limitó las incidencias en el período de obras a solo dos, cuando la Fiscalía hablaba de 202. Este perito también asumió las carreteras N-554 por Vilaboa y N-550 por Redondela como alternativas libres de peaje a la AP-9, aunque los tiempos de recorrido entre Vigo y Pontevedra pasan de los 18 minutos por la autopista a 42 por la carretera de Redondela.

Siguiendo las explicaciones de este perito sobre lo que es una autopista, la Fiscalía entiende que la AP-9 no se podía considerar como una vía de este tipo durante las obras, ya que se limitaron los carriles a dos, uno por sentido, en algunos momentos de las obras. También reprochó que no existiese ningún cartel informativo en las entradas de la autopista que advirtiese a los conductores de que se metían en una retención de vehículos en Rande, al margen de que se trata de una "infraestructura insustituible".