El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acudió ayer a Pontevedra para conocer el nuevo edificio judicial de A Parda, recientemente inaugurado, y celebrar un pleno de este órgano, en el que aprobó un segundo plan de igualdad de género en la carrera judicial.

Aprovechando esta visita excepcional, la jueza decana de Pontevedra, Belén Rubido, trasladó al Consejo las necesidades de los juzgados locales, en el sentido de mejorar el servicio de Mediación, dado que hay varios juzgados interesados, o la conveniencia de organizar cursos para optimizar el uso del expediente digital "que beneficiará a todos los ciudadanos", explicó la decana.

Rubido de la Torre expuso que los juzgados de A Parda cuentan ya con ocho salas digitales, seis en la nueva sede y dos en la antigua, lo que supone un gran avance para la tramitación de los expedientes, además de situar a los juzgados pontevedreses por encima de la media de las demarcaciones judiciales de Galicia. En todo caso la jueza decana expuso que son necesarios cursos de adaptación para todos los funcionarios, de modo que se optimice al máximo este instrumento.

Sedes

En cuanto al viejo edificio, la decana de los jueces expuso la necesidad de optimizar sus espacios, tras el traslado de numerosos juzgados a la nueva sede, así como crear un departamento de atención a las víctimas.

Belén Rubido valoró la "receptividad" del CGPJ respecto a estas demandas. "El hecho de que esté aquí es un reconocimiento de que el consejo nos tiene en cuenta y oye nuestras peticiones", manifestó la decana.

A este encuentro asistieron 17 de los 23 jueces de Pontevedra, así como también el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, y el presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez Estébanez, que recibieron al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, así como al resto de los integrantes de este Consejo.

Esta cita en Pontevedra fue la cuarta reunión desde 2013 del Consejo General del Poder Judicial para celebrar un pleno fuera de la sede central del órgano de gobierno de los jueces, en Madrid, lo que fue valorado por la jueza decana de Pontevedra, dado que acerca al máximo órgano de la judicatura a todos los territorios del Estado.

Carlos Lesmes evitó hacer declaraciones y explicó mediante una portavoz que hacerlo podría interpretarse como una injerencia en el proceso de renovación del CGPJ, cuyo mandato está agotado desde diciembre de 2018. Por eso se han paralizado también los nombramientos de nuevos cargos judiciales.

El proceso podría retomarse ahora que se ha formado Gobierno y el Congreso y el Senado está en funcionamiento y pueden reactivar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.