"Incompleto", "defectuoso", "notablemente incorrecto" o "un tanto inconcluso". Estos son solo algunos de los demoledores apelativos que utiliza la Subdirección General de Residuos (organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico) para calificar el informe presentado por Elnosa para acometer la descontaminación del terreno de dominio público sobre el que se asentó la empresa clorera durante cincuenta años.
Una vez acabada la concesión, la empresa tiene la obligación de devolver los terrenos a su estado original y debido a ese medio siglo de actividad de la electroquímica en Lourizán es muy probable que haya contaminación en el subsuelo. El Estado quiere asegurarse de que el proceso que tiene que aplicar la empresa para que los terrenos vuelvan a su estado original no se quede en lo superficial, sino que la regeneración del solar sea absoluta.
Así, en marzo de 2019 solicitaron a Elnosa que realizase este primer informe sobre el estado de contaminación de los suelos, así como de los riesgos previsibles para la salud de las personas, centrándose especialmente en los operarios que van a trabajar en estos procesos de regeneración. Elnosa elaboró este plan pero, tal y como trascendió el viernes, la Subdirección General de Residuos lo rechaza y lo hace además de manera contundente.
El informe de la Subdirección General de Residuos, al que ha tenido acceso FARO, señala déficits en cuestiones fundamentales, como el hecho de que no recoja "ni una mínima discusión acerca del tipo de contaminantes que sería razonable encontrar en dicho emplazamiento" después de medio siglo de actividad fabril y a tenor de los análisis y catas realizadas en el entorno.
Cuadros "ilegibles"
Tampoco "contempla mínimamente los objetivos planteados" en aspectos como "el análisis de riesgos" o en la "identificación de peligros", tal y como establece la legislación para estos casos.
Desde este departamento ministerial llegan a señalar , incluso, que muchos de los cuadros incluidos en el informe en el que se recogen valores con la evaluación de los posibles contaminantes están ilegibles. De tal forma, los técnicos concluyen que carece de sentido hacer una valoración sobre los objetivos a alcanzar en una eventual descontaminación "al entenderse que tales valores solo es posible formularlos con un mínimo rigor sobre una adecuada caracterización de los terrenos en estudio".
En cualquier caso, y base a la información aportada, la Subdirección General de Residuos concluye que existen "indicios razonables para suponer la hipótesis de que los terrenos ocupados por la feactoría Elnosa están severamente contaminados" y que por ello, "cualquier proyecto de descontaminación que se haya planteado o se pueda plantear en el futuro (...) requiere de un diagnóstico acertado y completo".
Añade que el informe que presentó Elnosa "no satisface las necesidades de información mínima requeridas para diseñar proyecto de descontaminación alguno con mínimas garantías de éxito".
Según indicaban fuentes del Ministerio de Transición Ecológica esta pasada semana, la decisión de la Subdirección General de Residuos será ahora trasladado a la Xunta de Galicia, dado que la administración autonómica será encargada también de velar por el cumplimiento de todo el proceso de descontaminación. A su vez la Xunta se lo deberá comunicar a la empresa para que proceda a la corrección de estas graves carencias y presente un informe completo y un proyecto de descontaminación con garantías.
A tenor de lo expuesto en el informe remitido por la empresa, y a pesar de los déficits que presenta, el Ministerio señala que los trabajadores que pudieran trabajar en las tareas de descontaminación correrían el riesgo de encontrarse expuestos a concentraciones de tóxicos como arsénico, mercurio o hidrocarburos.El informe se centra en los posibles efectos del proceso de descontaminación en la salud humana y no entra a valorar las posibles afecciones que pudiera tener el proceso al ecosistema, sino que este departamento informó a Costas de otras instituciones académicas que sí podrían analizar y valorar esta parte del estudio.
Mientras que la Subdirección General de Residuos sí que ha puesto serias objecciones al informe presentado para realizar la descontaminación del suelo sobre el que se asienta la fábrica, la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar no puso pero alguno al segundo de los proyectos que debe afrontar la empresa para recuperar la parcela que fue objeto de la concesión. Se trata del proceso de desmantelamiento de la fábrica en sí. Según el informe de Costas, el proyecto cumple todas las premisas requeridas, desde los planes de vigilancia ambiental al tratamiento de residuos, "estando bien definidas todas y cada una de las fases de demolición de las instalaciones".
El proyecto, como ya trascendió este pasada semana, se divida en estas dos fases, de tal forma que en la primera se demolerá la práctica totalidad de las mismas, quedando para una segunda fase el edificio de oficinas, dos tanques de reserva dedicados a salmuera y aguas residuales y otras construcciones en el área de depósitos de almacenaje.
Unas tareas que tendrían un plazo previsto de 8 meses y que se ampliaría en dos más con la retirada de los elementos que se dejan para esa segunda fase de la demolición, que se deberá realizar una vez concluida la descontaminación de los suelos. Una descontaminación que incluirá el tratamiento de todos los elementos que pudieran contener mercurio.
Cabe recordar que, tras el cese de actividad, la empresa clorera ya había retirado todo el material para producir cloro utilizando mercurio con la esperanza de poder continuar en Lourizán con una técnica de membrana, pero no se prorrogó su concesión.
