La Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) mantiene la presión sobre los inmuebles construidos de manera ilegal en la comarca y mantiene el mismo ritmo de demoliciones del pasado año con al menos otros 16 derribos en la comarca en los primeros seis meses del año que ahora está a punto de concluir.
Así, según se recoge en su propia página web, la APLU confirmó el derribo de estas 16 edificaciones ilegales, lo que supone casi la mitad de las 36 de todo 2018, es decir, a un ritmo muy parecido al del anterior ejercicio, una cifra muy superior a la de años anteriores. Sin ir más lejos, por ejemplo, en 2013 el número de derribos apenas era de 18 en los 14 municipios del área de influencia de la capital, y en 2016 la cifra era de 16, el número de demoliciones se incrementó exponencialmente a partir de 2018.
En cuanto a las edificaciones derribadas en la primera mitad del año en Pontevedra, la ciudad del Lérez sigue encabezando en ránking con cinco edificaciones derribadas. También se ejecutaron expedientes de reposición de la legalidad en Barro (dos derribos), Moraña (otros dos), y Caldas, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Marín, Portas, Sanxenxo y Poio (estos últimos con uno cada uno).
Los inmuebles derribados eran de todo tipo, todos con un denominador común: se levataban en terrenos no edificables o al menos no con el uso que se les pretendía dar. La infracción más común fue la edificación en terrenos calificados como suelo rústico o de protección forestal y agrícola, aunque también hay algún caso de invasión de terrenos de dominio público marítimo-terrestre como ocurrió con e caso de un chiringuito en Noalla. Los inmuebles son de todo tipo, desde contenedores modulares a casas de madera, galpones, casas de ladrillo a medio hacer o viviendas de gran tamaño. En ocasiones, además de no cumplir con la normativa urbanística, muchos de estos inmuebles suponen también un problema de feismo que afecta al paisaje.
Denunciantes
Las fichas elaboradas por la APLU de cada una de estas actuaciones subraya también quienes son los denunciantes. El propio servicio provincia de la Axencia de Protección Urbanística es, en múltiples ocasiones, quien abre el expediente, pero también hay numerosos casos de denuncias formuladas por la Policía Autonómica, o los concellos, como ocurrió en Cuntis, Moraña o en uno de los casos de Pontevedra. La ciudad del Lérez ya fue en 2018 uno de los municipios con más derribos, ocho en total, tan solo superado por Cangas (11) y Redondela (10) y empatado con A Guarda (8). Vilaboa, Poio y Sanxenxo registraron cinco cada uno y Marín cuatro.
La provincia de Pontevedra es, sin duda, la que registra un mayor número de infracciones urbanísticas detectadas por la APLU. En esta primera mitad del año registró 52 derribos, frente a los 12 de A Coruña, 10 de Lugo y un único caso en Ourense. Las estadísticas del año 2018 también lo confirman: En Pontevedra se llevaron a cabo 109 demoliciones para reponer la legalidad, frente a las 75 de A Coruña, las 16 de Lugo y las 10 de Ourense. Es también la provincia en la que más multas coercitivas fue necesario imponer para lograr que los responsables de estas infracciones devolviesen los terrenos a su estado anterior: 289 sanciones, frente a las 157 de A Coruña, 64 de Lugo y 28 de Ourense.
Estas multas son una de las razones del alto cumplimiento de las órdenes de reposición por parte de los dueños de los terrenos, dado que solo un 6% de los derribos se tuvo que realizar mediante una ejecución subsidiaria por parte de la administración cuyo coste, posteriormente, se repercutió sobre los propietarios.
En los últimos años también aumentó considerablemente, el número de denuncias que la APLU trasladó a la propia Fiscalía por la posible comisión de un delito urbanístico, lo que incrementó también el número de querellas interpuestas por el Ministerio Público. Una mayor comunicación que se traduce en un mayor número de querellas y también en el aumento del número de derribos en los últimos ejercicios.
