Más de 10.000 euros costó a la ciudadanía el pleno extraordinario demandado por el grupo provincial del Partido Popular, para debatir una moción en la que los conservadores pedían que no suba el peaje de la autopista AP-9 el próximo 1 de enero. Un pleno extraordinario y una moción para los que desde la bancada del grupo de gobierno (PSOE-BNG) no se ahorraron calificativos de "cara dura política", "vergüenza", "hipocresía", "cinismo", "desfachatez", o "tomadura de pelo".

La moción "antipeaje" del PP fue rechazada por PSOE y BNG, cuyos portavoces recordaron a los populares que la AP-9 no ha dejado de encarecerse y de suponer una dura carga para el bolsillo de los gallegos bajo los diferentes gobiernos del Partido Popular, que fue además quien vendió la autopista a un grupo financiero.

"Enorme vergüenza"

La presidenta provincial, Carmela Silva, admitió su "enorme vergüenza" por tener que celebrar este pleno -solicitado conforme al reglamento por el grupo del PP-, que duró apenas veinte minutos y por el que cada diputado que no tenga un sueldo de la Diputación se embolsará 475 euros. Silva espetó a los populares que si ella cobrase por el pleno, "por vergüenza" renunciaría a cobrar la sesión. Propuesta que no tuvo ninguna respuesta por parte de la bancada popular.

El nacionalista Uxío Benítez preguntó al PP si convocaba este pleno extraordinario porque estamos en una fechas en las que "hay muchos gastos, muchas cenas, muchos regalos", que justificaría la necesidad de embolsarse esos 475 euros (que se suman a los 475 del pleno ordinario celebrado solo una hora antes).

Por parte del PP, el diputado José Alfonso Marnotes argumentó que la cuestión del peaje es lo suficientemente importante para tratarla en un pleno extraordinario y no "despacharla" en uno ordinario. "El tema lo merece porque esto es un clamor", dijo Marnotes. "Es un tema esencial, el momento de actuar es ahora", añadió en otro momento de su intervención.

Concesión por 25 años

El portavoz del grupo socialista, Carlos López Font afeó la actitud del PP "porque no vamos a admitir que el Partido Popular, el responsable de la situación de la AP-9, actúe con esta hipocresía, cinismo y desfachatez". La actual situación de la AP-9, recordó, se debe a la ampliación de la concesión por 25 años aprobada en el año 2000 con Aznar de presidente y con Fraga en la presidencia de la Xunta, y al acuerdo con Audasa de 2011, pero también a la ampliación de 2013 del Partido Popular. "Ahora exigen soluciones a un Gobierno en funciones; no se puede tener más cara dura política", lamentó López Font.

También el nacionalista Uxío Benítez reclamó el rescate y la transferencia a Galicia de la AP-9, después de recordar que fue el Gobierno del PP quien vendió la autopista a un grupo financiero, o que en diciembre de 2017 el Gobierno de Rajoy inauguró una ampliación de Rande para que la empresa pudiese aplicar la subida del peaje en 2018, continuando las obras y las múltiples molestias para los ciudadanos hasta un año y medio después. Posteriormente el PP "boicoteó" hasta tres veces el acuerdo de transferencia de la AP-9 a Galicia, añadió.

El socialista Carlos López Font compartió la exigencia que el diputado del BNG, Uxío Benítez, hizo al PP para que "dé explicaciones públicas" de la necesidad de tratar este asunto en un pleno extraordinario, "que le cuesta miles de euros a la ciudadanía", cuando podría haberlo hecho en la sesión ordinaria, como la celebrada solo una hora antes. "Es una auténtica vergüenza", subrayó.

El portavoz socialista aseguró que la Diputación de Pontevedra "defenderá allá donde haya que defender, soluciones a una situación que no es asumible", para la ciudadanía. Ahora bien, "no permitimos que el PP le tome el pelo a la corporación provincial y a la ciudadanía con mociones como esta", reclamando coherencia "por encima de la demagogia y el arribismo en función de la coyuntura". La Diputación de Pontevedra, añadió, defenderá la transferencia de la AP-9 a Galicia, de acuerdo con la resolución aprobada por el Parlamento gallego "y bloqueada con obstinación por el Gobierno de Mariano Rajoy durante el año 2018".