"Yo no tengo nada que ver con esto, no sé que hago aquí". Esta es la frase que le dijo insistentemente el 8 de agosto de 2018 a la Guardia Civil y a la Policía un empresario acusado de intentar introducir 22 kilos de cocaína ocultos en un contenedor a través del puerto de Marín. Una declaración que ayer repitió de nuevo en el juicio que se celebra contra él en la Audiencia Provincial y en la que insistió en su inocencia. Este hombre, M. M. V., se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía de 9 años de cárcel.

M.M.V. constituyó en mayo del pasado año una empresa con la que iba a dedicar al negocio de la importación y exportación de "diferentes géneros". Tras diversos preparativos y contactos, en julio de 2018 por fin partió desde el puerto de Cartagena de Indias, en Colombia, un contenedor que traía el primer cargamento que importaría a España. Se trataba de un contenedor con cemento cola como mercancía legal cuya venta, según explicó el acusado, había cerrado con una empresa del sector de la ferretería y bricolaje en Padrón.

Según explica, él fue el mayor sorprendido cuando el 8 de agosto la Guardia Civil procedió a inspeccionar el contenedor a raíz de unas informaciones aportadas por las autoridades colombianas, y se encontraron con 22 kilos de cocaína ocultos en el interior de los marcos metálicos de las puertas. El empresario reconoció que la mercancía legal era para él, pero insistió en que desconoce quién introdujo la droga en estos compartimentos ocultos del contenedor y a quién iba dirigida. El acusado también mostró su sorpresa y extrañeza por los reparos que una empresa intermediaria puso para que pudiera acceder al contenedor, que incluso aparentemente llegó a cambiar su destino por Valencia sin que él lo supiera (al final se descargó en Marín), y al que "solo me dejaron acceder cuando se enteraron de que iba a ser objeto de inspección por parte de la Guardia Civil, algo bastante curioso".

El acusado insistió en que compareció voluntariamente en el Puerto de Marín en cuanto fue requerido para ello y a su favor jugó el testimonio del responsable legal de la firma de Padrón con el que cerró la compra de la carga legal de cemento cola. Y es que este testigo confirmó, tal y como asegura el acusado, que había cerrado con él la compra de este cargamento legal y que debería ser entregado a la empresa compradora en una nave de la recta de A Goulla, el mismo lugar al que el acusado dijo que se iba a llevar el contenedor por orden, precisamente, de los compradores de la mercancía lícita. En el juicio celebrado esta mañana en la Audiencia declararon también responsables de la Guardia Civil y Aduanas.

El agente encargado de instruir el caso señaló que la droga iba oculta de tal manera que pudiera ser introducida de manera subrepticia durante el viaje por lo que señaló que en este tipo de casos suele ser que el destinatario de la mercancía sea "el único que tiene acceso" al contenedor y su contenido, aunque sin especificar de manera tajante si esto ocurrió así en este caso.

Juicio suspendido

El juicio se suspendió al no estar disponible para prestar declaración uno de los agentes que participaron en el caso y se retomará mañana jueves.

Además de los 9 años de prisión, la Fiscalía de Pontevedra solicita una multa para el acusado de 900.000 euros.