"Estamos aquí por un clamor de justicia, para pedir transparencia por unos hechos ocurridos hace tres años que se reflejan ahora en su familia: en sus hijas y en mí. Después de vivir una experiencia tan traumática es vergonzoso que me hagan pasar ahora por los juzgados y recordarlo todo".

Emocionada y con semblante triste pero firme, Sandra Arias, viuda de Vicente Pazos, marinero de Marín desaparecido en aguas de Senegal en 2017 tras el hundimiento del pesquero Senefand 1, de la empresa viguesa Profand, compareció ayer en rueda de prensa para informar, junto a su abogado, Alipio Santiago, y el secretario comarcal de la CIG, Xavier Aboi, del juicio que tendrá lugar el próximo lunes en Vigo por una compensación económica para la familia a raíz de tan trágicos hechos.

Se ha visto obligada a llevar el caso ante los tribunales después de que la empresa armadora haya manifestado su disposición a pagarle de indemnización entre 50.000 y 100.000 euros, frente a los 400.000 que pide la defensa por las circunstancias del accidente, que, insiste el abogado, fue de tipo laboral, aunque a día de hoy aún no haya sido reconocido como tal.

La cantidad ha sido calculada por el baremo de los siniestros de tráfico y supone, tal y como informó Aboi, tan solo un 0,00056% de la facturación anual de la empresa.

La situación se complica porque el hombre tenía seguridad social en calidad de emigrante, fruto del cambio de bandera del barco por parte de la empresa. "Era un trabajador defendiendo intereses españoles en aguas extranjeras", lamentó la viuda, que recordó que "mi marido era cien por cien gallego y yo ya me siento cien por cien española; esto le puede pasar a otras familias".

"El barco no cumplía las medidas de seguridad de los estándares europeos. Si un barco sale sin las condiciones adecuadas lo tienen que determinar los técnicos. Lo que está claro es que si un barco se hunde en dos o tres minutos, como ocurrió, en el mar en calma es que algo no va bien", recalcó, por su parte, el letrado.

El informe técnico asegura que el accidente fue motivado por sobrepeso, que provocó una escora repentina de la embarcación, dando lugar a la inundación. Desaparecieron tres hombres, Vicente Pazos, patrón del buque, y otros dos marineros senegaleses. Ninguno de los cuerpos fue hallado nunca. Ocho hombres más sí fueron rescatados, entre ellos otro gallego, Fernando Argibay, vecino de Moaña, jefe de máquinas del pesquero. A él se suman un caboverdiano, cinco senegaleses y un marinero de Guinea Bissau. Pazos quedó atrapado en el puente de mandos, lo que evidencia que las radiobalizas tampoco funcionaron.

La empresa, tal y como aseguró Sandra Arias, "en su momento se portó bien", pero no así "a la hora de cumplir con sus obligaciones", es decir, en el abono de la indemnización correspondiente. Es por ello que ha decidido ir a juicio.

"Esto tengo que afrontarlo yo ahora sola, en la memoria de mi marido y por la responsabilidad de mis hijas. Son los jueces los que deben determinar si el barco cumplía con toda la normativa europea para estar en esas condiciones en el caladero de Dakar", afirmó.

El matrimonio tenía dos hijas, que ahora tienen 13 y 9 años. Un año y medio después del accidente, la mujer consiguió una pensión de viudedad y las de orfandad para las menores, duramente afectadas a nivel afectivo por la desaparición de su padre.

"En esta ocasión nos pasó a nosotros, pero le puede pasar a cualquiera, por eso es muy importante denunciar estos casos para concienciar de la necesidad de tomar medidas de seguridad en un sector tan peligroso y con tantos riesgos como este", concluyó la viuda de Pazos.