El juzgado de los social obliga al Concello de Ponte Caldelas a readmitir a una trabajadora despedida o a indemnizarla con 32.467,54 euros. La oposición, a través del popular, Antón Xil, ya ha salido al paso para critica la política de personal del alcalde, el socialista Andrés Díaz.
Para Xil, la sentencia pone de manifiesto "la arbitrariedad de la política laboral llevada a cabo por el gobierno local". La trabajadora lleva 12 años en el consistorio, desempeñando a juicio del PP, "una contrastada valía profesional".
En este sentido, recuerda Xil que esta sentencia se suma a las que con anterioridad afectaron a las trabajadoras del CIM, "que había despedido también arbitrariamente el alcalde, y que tuvo el deber de readmitir aunque con sus cometidos limitados por decisión del propio regidor".
Subraya Antón Xil que "también resulta curioso que la nueva jefa de gabinete y de comunicación, nombrada en agosto y con un sueldo anual de 40.000 euros, haya sido despedida hace escasos días y reemplazada por otra nueva periodista lo que da buena cuenta de la movilidad laboral del personal de confianza y de la arbitrariedad del actual regidor".
Además destaca el portavoz del Partido Popular que "a día de hoy, la plantilla municipal sigue sin percibir las horas extras que le viene adeudando el Concello de Ponte Caldelas desde octubre de 2018 y que el alcalde se comprometió a abonar tan pronto había tomado posesión el nuevo interventor, hecho que sucedió hay ya casi un mes sin que se hayan visto satisfechos esos emolumentos a los trabajadores ni a los proveedores locales, entidades culturales, deportivas, musicales, etc. que desde hace muchos meses esperan la que el regidor proceda a pagar los compromisos económicos adquiridos con todos ellos".
