La Diputación de Pontevedra aprobó ayer en la Xunta de Goberno las bases de una nueva edición del Plan Concellos que transferirá 42,2 millones a los 59 municipios de la provincia de menos de 50.000 habitantes, es decir, todos, excepto Pontevedra y Vigo.

La presidenta de la institución provincial, Carmela Silva, señaló que el reparto de estos fondos se hará con la misma "filosofía" de equidad, apoyo a la autonomía local y "en base a los criterios de población, dispersión y extensión territorial".

Entre las principales novedades del "Plan Concellos 2020" la presidenta provincial destacó la "apuesta por los municipios más pequeños", con lo que la Diputación pretende cumplir con una doble finalidad: "Apoyarlos en su gestión diaria y contribuir a fijar población en el rural", dijo Silva. Así, los ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes recibirán un 44,6% de los fondos totales (un 6% más); los de hasta 20.000 habitantes, un 34,49% (un 0,49% más) y, finalmente, los de hasta 50.000 habitantes percibirán el 20,91% (un 0,09% menos). Al tomar como referencia los ayuntamientos de hasta 20.000 habitantes se comprueba que en 2020 recibirán cerca de un 80% de los recursos del Plan Concellos.

Carmela Silva también recordó que en los presupuestos generales recientemente aprobados por la institución provincial se destinan a los municipios 54,4 millones de euros lo que convierte a la Diputación de Pontevedra en "la que más recursos dedica a los ayuntamientos de toda España". Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, la Diputación transfiere directamente el 30% de sus recursos totales a los municipios cuando el promedio de las diputaciones del resto de España está en el 16%.

Silva insistió en que el Plan Concellos parte del respeto por la autonomía local ya que "los ayuntamientos son los protagonistas a la hora de decidir en que se gastan el dinero". El plan contempla tres líneas diferenciadas en cuanto a la prestación de fondos.

En primer lugar para inversiones, también para amortización de deuda y, por último, para contratación de personas desempleadas o en riesgo de exclusión.