El TSXG ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por el funcionario de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, F.J.M.B., condenado por la Audiencia Provincial a tres años de cárcel como autor de un delito continuado de cohecho. El tribunal consideró acreditado que en 2016 recibió pagos por la tramitación de permisos de residencia. Además de los tres años de prisión fue sentenciado al pago de una multa de 5.400 euros y a siete años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público.
El alto tribunal gallego recuerda que la sentencia declaró probado que "el acusado, en su condición de funcionario, inició, tramitó y finalizó tres expedientes de petición de autorización de residencia de larga duración, de residencia temporal y de residencia de familiar comunitario, y que sin derecho a recibir retribución de ningún tipo por parte de las personas solicitantes, les pidió distintas cantidades de dinero, recibiéndolas en dos de esas ocasiones".
La Sala de lo Civil y Penal destaca que el "esfuerzo argumental" del recurrente se limita a "discrepar -sin más- de la valoración probatoria del jurado, sustituyéndola por la propia". Así, el tribunal recuerda que debe "rechazar de pleno los motivos de apelación en los que la puesta en cuestión de la valoración probatoria del jurado se efectúa al margen de la denuncia de existencia de error derivado de documento alguno o de una pericial documentada", al tiempo que recalca que carece de competencia, al igual que el Tribunal Supremo, "para valorar la prueba personal practicada; valoración que corresponde de manera exclusiva y excluyente al tribunal contra cuya resolución se interpone un recurso, con raíz y razón de ser en el principio de inmediación".
En el juicio, celebrado el pasado mes de junio, el jurado popular declaró culpable de un delito de cohecho continuado a F.J. M.B., funcionario de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, por pedir "regalitos" a cambio de permisos de residencia en España.
