El abogado de un funcionario adscrito a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, condenado a tres años de cárcel por recibir pagos por la tramitación de permisos de residencia, pidió ayer la absolución de su cliente por considerar que no existe "una prueba concreta" contra él.

Lo ha hecho durante la vista de apelación celebrada en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras el recurso presentado por esta parte. A sus argumentos, se ha opuesto la Fiscalía, quien se ha remitido a los hechos considerados probados en la sentencia y ha remarcado que, en base a ellos, sí existe "actividad probatoria suficiente".

En la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, además de la condena a prisión, se le impuso el pago de una multa de 5.400 euros y siete años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Según se consideró probado, el funcionario, en el año 2016 inició, tramitó y finalizó cuatro expedientes de residencia, algunos de larga duración y otros de residencia temporal inicial, por los que no debía haber percibido remuneración.

Así, por el servicio, demandó una serie de "regalitos" a las mujeres que tramitaban estos permisos a cambio de realizar esta labor.