El juzgado de lo Mercantil de Pontevedra estableció esta mañana lo que se podría definir como las reglas bajo las que se va a regir el juicio que se celebrará en febrero por la demanda presentada por la Fiscalía (y a la que se han sumado varios colectivos y particulares) por los supuestos cobros abusivos por parte de Audasa de los peajes a pesar de las grandes retenciones que se produjeron como consecuencia de la ampliación de las obras de Rande.

La primera de las reglas se podría decir que es la hora y el día en la que se va a dirimir el pleito: la vista definitiva tendrá lugar en febrero, el 11 y el 12, en el propio juzgado de lo Mercantil. Se ha elegido esta fecha precisamente para garantizar que se pueden práctica todas las diligencias pendientes necesarias y entre las que está la citación de los agentes de la Guardia Civil y del personal de la DGT en la provincia de Pontevedra que tuvieron que intervenir como consecuencia de los atascos.

Y es que aquí está otra de las grandes decisiones que esta mañana adoptó el magistrado titular del juzgado de lo Mercantil número 1. El juez optó por rechazar las testificales que planteaban la Fiscalía y una de las asociaciones que se sumaron a la demanda (En Colectivo) de usuarios de la AP-9 que deberían relatar las "brutales retenciones" (en palabras del letrado de En Colectivo) que se produjeron como consecuencia de la ampliación de Rande. El magistrado las rechaza y lo hace por una sencilla razón: se trata de testimonios "interesados", algunos se podría decir incluso que son "denunciantes" y por lo tanto no los considera "testigos relevantes, útiles y pertinentes". La decisión generó la protesta de la Fiscalía y el resto de parte demandantes que considera que son declaraciones básicas para probar que las retenciones se produjeron, además de la importancia de las mismas. Sí admitió una serie de testificales propuestas por Audasa.

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Un nuevo atasco en el puente de Rande complica la salida de Vigo

Y es que otra de las cuestiones que fijó el tribunal en esta audiencia previa de hoy son los hechos controvertidos. Es decir, las cuestiones sobre las que se va a discutir en este pleito. Son, a grandes rasgos, dos: si existieron cortes de tráfico en la AP-9 como consecuencia de las obras y si fueron de la consideración y con las repercusiones que se dice en la demanda. Y es que Audasa sostiene que, si hubo retenciones, estas fueron de menor tamaño y otras provocadas por "accidentes o incidentes" ajenos a las obras. Se va a determinar también si, de producirse estos atascos, Audasa tiene derecho a cobrar igualmente el peaje o, por el contrario, está aprovechándose de una situación de superioridad respecto al usuario.

La Fiscalía asegura que sí y, de hecho, insiste en que sigue haciéndolo, aportando nueva documentación sobre atascos provocados por obras de mantenimiento en la AP-9. Por ello, subrayó la importancia del pleito no solo para que Audasa ajuste cuentas con sus usuarios por los retrasos provocados por las obras de Rande, sino que sería aplicable a cualquier cuestión similar que se plantee ahora o en el futuro. "Es también importante tratar de evitar que vuelva a ocurrir", señalaron los representantes del Ministerio Público.

Al rechazar estos testigos, el tribunal entiende que no deja a los demandantes huérfanos de prueba y además, el propio magistrado propuso incorporar al proceso otro medio probatorio como es la declaración en sala del personal de la Jefatura Provincial de la DGT y de los agentes de Tráfico que tuvieron algún tipo de información o intervinieron en la gestión de los atascos que se produjeron entre febrero de 2015 y julio de 2018 en la AP-9. Es por ello que preguntará a Tráfico para que los localice y puedan ser citados a declarar como testigos.

A los denunciantes, que se mostraron contrariados por lo poder contar con el testimonio de los afectados, esta posibilidad no les disgustó y tienen esperanzas en que sirva para acreditar la existencia y las graves repercusiones de los usuarios para los atascos. A la demanda interpuesta por la Fiscalía se sumaron Adicae y En Colectivo, así como al menos otros ocho denunciantes a título particular.