Dos años después de su finalización, Patrimonio ha decidido imponer al Concello de Pontevedra una multa de 2.500 euros por parte de las obras que realizó dentro de la reforma de la plaza de Barcelos en 2016 y que supuso la peatonalización del espacio más próximo al colegio y la creación de unas canchas deportivas para sus alumnos.
Además, la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, declara la obligación del Concello de "restituir las cosas a su debido estado enmendando la alteración producida, previa presentación en plazo de un proyecto de reposición da legalidade". Este organismo considera que el Concello incurrió en una infracción administrativa de carácter leve de la Lei de Patrimonio Cultural.
En este caso, consideran que la infracción se produce con el asfaltado de un tramo de la calle inmediata al muro de la huerta de la iglesia-convento de Santa Clara, que linda con esa calle.
La portavoz del gobierno local, Anabel Gulías, informó ayer de que confía en que la obra pueda quedar tal cual está actualmente y para ello señaló que el Concello va a interponer un recurso contencioso-administrativo contra esta sanción y la orden de devolver esa parte de la plaza anexa al muro del convento a su estado original. Patrimonio no consideró adecuado la instalación de las canchas deportivas, pero el Concello alega que no sometió la obra a consulta de este organismo dado que no se consideró necesario por parte de los técnicos, al no darle "valor histórico ni patrimonial" a este tramo de carretera, ni tampoco valor arqueológico. Las actuaciones tampoco afectaron en ninguna medida al muro de convento.
Administración electrónica
Por otra parte, Gulías también anunció que la Xunta de Goberno local aprobó ayer la contratación de la renovación de los servidores de la base de datos y del suministro de una cabina de almacenamiento por un importe total de 120.000 euros. Es decir, se trata de dos contratos que están encaminados a modernizar la administración electrónica en una actuación que está cofinanciada con fondos Feder de la Unión Europea dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Pontevedra (Edusi).
"Queremos darle prioridad a este tipo de cuestiones que, si bien no son demasiado vistosas, son muy necesarias para dar respuesta a los procesos y procedimientos, y mejorar la calidad del trabajo y de atención a los vecinos y vecinas del Concello", aseguró Anabel Gulías.
Ambos contratos tienen un plazo de ejecución de tres meses cada uno y el objetivo final de ambas renovaciones es aumentar la capacidad, actualización y mejora del rendimiento de la base de datos del Concello.
