Aunque José Miguel Romay Graña ya advertía su intención de hacer cumplir la sentencia y cerrar el paso de este camino, los demandados tiene todavía una oportunidad de dilatar esta decisión, dado que la sentencia dictada por el juzgado de Primera Instancia número 3 de Pontevedra es recurrible ante al Audiencia Provincial de Pontevedra que tendrá la última palabra sobre esta cuestión.
No obstante, el propio Miguel Romay se mostraba ayer escéptico ante la posibilidad de que la Audiencia cambie de postura. "No podrán alegar ningún argumento nuevo", explicaba, ayer, "dado que el juzgado es claro al señalar que el dominio sobre el camino es nuestro hasta que se produzca la expropiación", un proceso que la familia también tiene recurrida ante el TSXG. De cerrar el paso, los residentes en la urbanización tan solo tendrían acceso a sus viviendas, según los demandantes, por un "pequeño camino peatonal de unos 80 centímetros de ancho".
Romay culpa de la situación a la "irresponsabilidad" del alcalde de la localidad al crear esta situación "apropiándose" de un camino privado que dotó de luz y saneamiento para dar acceso a estas propiedades privadas. Afirma que tanto su familia como los residentes en esta urbanización "somos todos víctimas de este alcalde".
