El poder judicial gallego ha registrado 1.736 denuncias por violencia de género durante el primer semestre de 2019, 482 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento interanual del 38,44%.

De estas cifras ha informado este viernes la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, junto con otros datos como las 398 mujeres víctimas de violencia de género que han obtenido ayudas económicas, un resultado que también forma parte del balance semestral de 2019 en esta materia.

La responsable del departamento ha explicado que las provincias en las que se han recogido el mayor número de denuncias son A Coruña, 814, y Pontevedra, 592, por su parte Ourense y Lugo han registrado 161 y 169 respectivamente.

Además, López Abella ha recordado a las dos mujeres que han sido asesinadas por la violencia de género en este 2019, y a una tercera a la que un hombre le quitó la vida en Madrid, pero que era vecina de Sober (Lugo) y fue enterrada allí.

Con respecto a ellas, ha apuntado que las "muertes por violencia machista solo son la punta de un gran iceberg" de lo que suponen la violencia contra las mujeres.

764 medidas de protección

Por otra parte, la secretaria xeral ha hecho referencia a las medidas de protección implementadas en Galicia durante este primer semestre. En este sentido, la Xunta ha contabilizado 764 disposiciones de protección, de las que destacan 578 que se han centrado en la seguridad de las mujeres y 45 que se han aplicado a hombres para hacerles cumplir las órdenes de alejamiento que tienen impuestas.

Ayudas económicas

Respecto a los tipos de ayudas que la Administración autonómica ha asignado en los seis primeros meses del año, López Abella ha aludido a las 398 mujeres que han obtenido diferentes tipos de subvenciones. Una cifra mayor a la registrada en el primer semestre de 2018, cuando 293 usuarias contaron con esta prestación.

Por provincias, 168 mujeres han recibido estas ayudas en A Coruña, 131 en Pontevedra y, de forma más minoritaria, 51 en Ourense y 41 en Lugo. Todas ellas se han repartido en contribuciones de distintos tipos: ayudas anuales mediante pagos mensuales, subvenciones mediante pago único que han beneficiado a 77 mujeres e indemnizaciones, que en este periodo corresponde a una mujer.

Garantía de independencia

El objetivo de las ayudas anuales de pago mensual es "proporcionar el apoyo económico necesario" para "garantizar condiciones de independencia" respecto al agresor, ha señalado la secretaria. Al respecto, ha especificado que 318 mujeres han contado con este tipo de subvenciones este semestre, 69 más que en el mismo periodo del año anterior. En concreto, ha explicado que 15 han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Estas últimas suponen un tipo de violencia que forma parte de la Ley de prevención y tratamiento integral de la Violencia de Género desde 2016. Además, en este 2019 el Gobierno gallego también ha incluido en la normativa a las víctimas de violencia vicaria, es decir, a aquellas mujeres que sus parejas o exparejas asesinaron a sus hijos o hijas.

Indemnizaciones y apoyos

En materia de indemnizaciones, la Xunta ha informado de la apertura de dos nuevas líneas para menores de 30 años, huérfanos por causa de la violencia de género, y otra para mujeres gravemente heridas que requieran hospitalización.

Al mismo tiempo, todos los indemnizados y víctimas de violencia de género cuentan con derecho a recibir apoyo psicológico y social. Concretamente, en este primer semestre 656 personas han contado con esta prestación, 140 más que en el mismo periodo del año anterior, de las que 458 son mujeres, 162 menores y otras 36 personas dependientes a cargo de las mujeres víctimas.

Junto con los programas de apoyo psicológico, López Abella ha subrayado otras medidas que la secretaría de Igualdade está llevando a cabo, como las estadías de tiempo libre, un espacio destinado a mujeres e hijos que hayan sufrido violencia de género en el que pueden compartir tiempo con otras personas en sus mismas condiciones.

Además, también ha hecho referencia a la labor de los pisos tutelados que acogen a mujeres con problemas de salud mental, a los puntos de atención e información para la mujer, a los programas de inserción para víctimas de violencia de género y a los de prevención en términos de educación sexual.