La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) denuncia que la empresa Ence utiliza aceites usados en la combustión para generar energía eléctrica y no solo biomasa, un combustible incompatible con la Autorización Ambiental Integrada concedida a la pastera, según los ecologistas. Desde la pastera han negado enérgicamente los hechos y asegura que la planta cumple completamente con todas las normativas ambientales regionales al respecto, así como la europea y la estatal. Además de denuncian que APDR "tiene la evidente intención de generar alarma social y dañar la reputación de la planta" y anuncian que emprenderán medidas legales para su defensa.

APDR elaboró un informe sobre la utilización de este aceite usado en la fábrica pastera, que entregará a la Fiscalía, a los parlamentos de Galicia, España y Europa, así como al Concello de Pontevedra para que investiguen la situación y emprendan las acciones que correspondan.

El portavoz de APDR, Antón Masa, aseguró al presentar este informe que la empresa "engaña a la población y actúa de forma ilegal e incluso criminal, porque está dañando a la salud de las personas", además de cometer un supuesto fraude económico, porque la pastera -según denuncia APDR—no incluye en sus cuentas anuales la compra de este aceite usado, que los naturalistas cuantifican en 18.000 toneladas al año. Lo adquiere, añaden, a gestores de aceite usado de España, Portugal y Mozambique.

APDR pide al Concello de Pontevedra que investigue la situación e impida la entrada de este aceite en Ence y acudirá a la Fiscalía para denunciar el supuesto delito ambiental y fraude económico.

Insta además al Gobierno central a declarar la ilegalidad de la prórroga concedida por el anterior ejecutivo central, ante esta supuesta irregularidad en la generación de energía, y a la Xunta le pide que anule la Autorización Ambiental concedida.

APDR entiende que estamos ante "un nuevo delito ecológico" por parte de la pastera de Lourizán, como el que le originó una condena judicial anterior.

Argumentan que el aceite usado es un residuo tóxico que causa daños sobre la salud de las personas, contamina las aguas y la atmósfera, además de representar una práctica "incompatible con los compromisos ambientales y de seguridad que Ence declara".

Sin revelar la fuente de la investigación que les llevó a presentar esta denuncia, los portavoces de APDR explicaron que la primera sospecha partió del incendio ocurrido a finales de 2018 en el complejo fabril y que según los expertos consultados por los ecologistas estaría relacionado con el uso de estos aceites.

Control de normativas y focos de emisión por Ence

A través de un comunicado Ence negó "enérgicamente" que su Autorización Ambiental Integrada (AAI) "no sea de ninguna manera incapaz o, por supuesto, de usar combustibles o cualquier otro producto incompatible con dicha Autorización, cuya concesión garantice, precisamente, que el comportamiento ambiental de la planta cumple completamente con todas las normativas ambientales regionales".

Desde la pastera denuncian que "las falsas acusaciones de la Asociación Pola Defensa da Ria (APDR) contra la empresa biofarmacéutica de la compañía en Lourizán tienen la evidente intención de generar alarma social y dañar la reputación de una planta que, por el contrario, cumple con todas las regulaciones vigentes (Europea, estatal y autónomo)". De hecho, esta planta cuenta con importantes reconocimientos ambientales internacionales, como la distinción Gold de la Comisión Europea y la etiqueta ecológica Nordic Swan, el sello ecológico oficial de los gobiernos escandinavos.

La compañía especificó que cumple escrupulosamente con todas las regulaciones ambientales, incluida, la orden ministerial APM / 205/2018, de 22 de febrero, que regula el uso como combustible de petróleo procesado. En esta misma línea, la empresa también "exige a todos sus proveedores un certificado que confirme que cumplen con los requisitos establecidos en el pedido mencionado".

A través del comunicado, Ence explica que lleva a cabo un riguroso control de todos sus focos de emisión, que son monitoreados una vez por segundo por medidores calibrados por una empresa acreditada, de acuerdo con la norma UNE-EN 14181. Además, para controlar la calidad del aire en las cercanías de materia biofarmacéutica, "hay una cabina de la Xunta de Galicia, cuyos datos están disponibles en la página web de la Administración, ubicada en Campolongo". A parte, Ence tiene dos cabinas propias para reforzar el control de la calidad del aire.

"Esta acusación del APDR contra el biofarmacéutico Ence en Pontevedra agrega otro ataque a esta asociación que, en su deseo de dañar esta planta y los más de 5.000 empleos vinculados a ella, no duda en recurrir al miedo y al engaño", indican desde la planta.

Finalmente, ante "las injustas mentiras lanzadas por el APDR" contra Ence, la compañía adviertió que emprenderá las medidas legales apropiadas en su defensa.