La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) establece un plazo máximo de 90 días para completar el derribo del antiguo Club Ciros de Vilaboa, después de confirmar la adjudicación de estos trabajos a la empresa viguesa Xestión Ambiental de Contratas SL. La agencia negocia ya con la adjudicataria el calendario de obras, según conformaron ayer fuentes oficiales de la Xunta, pero todavía no hay fecha para comenzar el demolición de un edificio situado al borde de la N-550 y cuya primera orden de derribo es de octubre de 2005.
Esta adjudicación, por algo menos de 180.000 euros, llega por tanto 14 años después de que la Xunta decretara la demolición de un edificio que oficialmente consta como "bar-restaurante, pub y complejo hotelero" pero que siempre careció de licencia municipal y de autorización autonómica. Durante años funcionó como club de alterne, hasta su cierre definitivo.
Desde 2005 el futuro de la edificación del antiguo Club Ciros estuvo en manos de los tribunales, ya que sus propietarios trataron de impedir esa demolición, no solo con una sucesión de recursos judiciales sino también con la búsqueda de otras alternativas de uso del edificio para no tener que pagar la demolición. El club de alterne lleva ya más de cinco años cerrado como tal y, por tanto, acumulando abandono y deterioro. Una de esas opciones fue ofrecer su uso al Concello de Vilaboa como centro de día para personas de la tercera edad, aunque no fraguó.
Ilegalizable
La resolución de hace 14 años declaraba "ilegales e ilegalizables las obras de construcción de una edificación dedicada a uso hotelero" en Paredes, así como "las obras y usos implantados por la entidad mercantil sin la preceptiva autorización autonómica y licencia urbanística municipal".
Aquella resolución ordenaba su demolición y prohibía "definitivamente los usos a los que diesen lugar, ordenándose el cese inmediato de los usos y actividades de bar-restaurante, pub y complejo hotelero que se venían desarrollando en la edificación ilegal; y apercibiéndose a los interesados de que en caso de incumplimiento de la orden de demolición en el plazo concedido y de cese inmediato de la actividad se procedería a su ejecución subsidiaria o a su ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas"
Llegaron a imponerse al menos seis de estas multas y en noviembre de 2014 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) parecía zanjar los pleitos judiciales al ratificar la decisión de la APLU de acometer el derribo forzoso, mediante la ejecución subsidiaria.
