El dolor es incuantificable, pero no así el coste de la violencia de género en forma de atención médica, protección o bajas laborales tanto del agresor como de la víctima. Son algunas de las variables que analiza el estudio que presentan en la mañana de este jueves la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, y la coordinadora de violencia de género de la Delegación del Gobierno en Galicia, María Debén, y según el cual esta lacra supone para las arcas públicas un desembolso anual de 470 millones.

Se trata de una cifra referida exclusivamente a la provincia de Pontevedra, que se eleva hasta 1.650 millones en toda Galicia y a 23.000 millones en el conjunto del estado español.

La subdelegada del gobierno expuso las cifras para especial conocimiento de “quienes siguen vendiendo ideas reaccionarias de que la violencia de género no existe, que es una violencia doméstica que se produce en el seno de las familias y tiene que ser soportada, tiene que ser resuelta, en el seno de las familias”, manifestó.

Se trata de los datos desglosados de un estudio encargado por la Delegación del Gobierno para la Violencia “y se corresponden con un análisis de 2016”, detalló María Debén sobre un estudio “muy amplio, muy completo, que analiza no solo el coste dinerario que supone para las víctimas y sus familias, sino el que supone para toda la sociedad. Analiza el coste desde la perspectiva laboral, sanitaria y desde la perspectiva legal cuánto nos cuesta” a los ciudadanos que se produzcan mujeres víctimas “que haya que atender, que enterrar, que suplir su ausencia por razones sanitarias desde una perspectiva laboral… El estudio es lo suficientemente amplio como para que haga referencia a dos años antes”.

Entre las principales conclusiones a las que apunta el estudio elaborado por especialistas en Economía Social está el hecho de que la violencia machista no solo afecta a las victimas, a sus hijos o en general a quienes las quieren, sino a toda la sociedad. “Y afecta no solo desde la perspectiva de cuánto nos cuesta el desempleo o la ausencia de su puesto de trabajo o el gasto sanitario, sino también desde la perspectiva de la cuantificación de lo intangible, el dolor y el sufrimiento”, añade María Debén.

En lo que respecta a la pérdida de vidas humanas, el estudio (que se presenta durante un acto que tiene lugar en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra y en el que participan alcaldes y concejales de Igualdad de distintos concellos de la provincia) no solo analiza las de las víctimas, sino “también la pérdida de vidas humanas de los propios agresores”, ya que “es muy frecuente” que se suiciden tras matar.

Maica Larriba recordó durante su comparecencia ante los medios a las 26 víctimas de violencia machista en lo que va de año, una de ellas en Pontevedra, la provincia gallega en la que más se han incrementado las denuncias.

A propósito del aumento de las denuncias en los concellos pontevedreses, la subdelegada del Gobierno manifestó que “no sé si eso es bueno o no lo es tanto, significa que se denuncia, y eso es algo de lo que tenemos que sentirnos muy satisfechos, pero es también un signo de que la violencia machista sigue creciendo”.

Incidió en que la presentación del estudio busca ser “una visibilización más” de la lacra de la violencia de género y de su especificidad, frente a quienes “se dejan seducir por ideas reaccionarias” y la califican como “una violencia más”. Les recordó que además de esos 470 millones que cuesta la violencia machista a todos los pontevedreses “tenemos 1.058 casos activos” y 67 mujeres con órdenes de protección de diferente grado “porque de alguna manera su vida corre algún riesgo”.