La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra retoma este lunes el juicio contra el funcionario de la Subdelegación del Gobierno acusado de haber cobrado diferentes cantidades de dinero a mujeres que acudieron a la institución para tramitar permisos de residencia en España.
La Fiscalía solicita para él una condena de ocho años de prisión y trece de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor de un delito continuado de cohecho y de un delito de falsedad en documento oficial.
Los hechos que le atribuye el fiscal se produjeron en 2016 y se refieren a cuatro expedientes abiertos en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra por solicitudes de permiso de residencia, todos ellos iniciados, tramitados y finalizados por el acusado.
El escrito de acusación sostiene que, sin que tuviese derecho a percibir ningún tipo de retribución, solicitó a estas mujeres durante la tramitación de los expedientes distintas cantidades de dinero.
A una mujer que pedía autorización de residencia temporal inicial le dijo que tenía que hacerle "un regalito" y ésta le entregó 50 euros, mientras que otra de las afectadas, que solicitaba permiso de residencia de larga duración, le solicitó 150 euros.
Además, el acusado habría pedido 200 euros a una tercera afectada que tramitaba para su hija autorización de residencia de familiar comunitario, pero no llegó a efectuarse la entrega porque finalmente fue atendida por otro funcionario.
Hay un cuarto caso por un expediente que fue finalmente archivado. En las anteriores ocasiones en los que se señaló el juicio, acabó siendo aplazado por la incomparecencia de varios testigos claves.
