18 de junio de 2019
18.06.2019

Una denuncia en Inspección de Trabajo delató a los panaderos cuya plantilla solo libraba dos días al año

Fue una queja de los trabajadores de Panadería Abelleira la que les alertó del caso y posteriormente se dio traslado a la Fiscalía

18.06.2019 | 01:54
Pixabay

Fue una visita de la Inspección de Trabajo a las instalaciones que la panadería Abelleira tiene en el centro de Pontevedra la que permitió descubrir las condiciones en las que trabajaban sus empleados y por las que los dos dueños de esta empresa familiar de la ciudad del Lérez, los hermanos Benigno y Tomás Abelleira, han sido condenados por la vía penal a penas de seis meses de prisión. Ambos son autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de fraude a la Seguridad Social.

La intervención por parte de la autoridad laboral no llegó de oficio, sino que se produjo como suele ocurrir en estos casos. Fue la queja de uno o varios trabajadores descontentos por las condiciones laborales la que motivó esta intervención de la Inspección que, durante la visita a la empresa, comprobó que no se cumplían gran parte de las condiciones establecidas en el convenio que rige el sector.

Al detectar que algunas de las infracciones, especialmente la del fraude a la Seguridad Social por las horas extras que se dejaron sin abonar, sobrepasaban la categoría de infracción administrativa para convertirse en un posible delito, fue cuando se informó de los hechos a la Fiscalía, que a su vez formuló querella contra ambos acusados y llevó el asunto ante la Audiencia Provincial, en donde los dos empresarios asumieron los hechos y cerraron el caso con un acuerdo de conformidad que se firmó en un despacho del Palacio de Justicia de Pontevedra el pasado 30 de abril.

Cabe recordar que, según se recoge la sentencia, Benigno y Tomás Abelleira, al menos desde enero de 2013 y hasta el año 2017 venían exigiendo a sus trabajadores que acudieran a sus puestos de trabajo "todos los días del año excepto dos", el de Navidad y el de Año Nuevo, "infringiendo de esta forma los derechos que tienen reconocidos en la legislación laboral y en el convenio colectivo del sector en cuanto a jornadas de trabajo, descanso mínimo semanal y periodos vacacionales". Resaltaba además el fallo que "los trabajadores se veían obligados a aceptar estas condiciones ante el temor de perder su puesto de trabajo".

Estas jornadas continuadas tanto en domingos como en festivos generaron también el delito contra la Seguridad Social dado que, según explica la resolución judicial, el convenio vigente en el sector de las panaderías permitía a los empresarios y trabajadores establecer jornadas de trabajo en domingos y festivos, pero siempre que lo aceptase el trabajador y de tal forma que el tiempo de trabajo realizado en estas fechas fuese abonado como horas extraordinarias, sin perjuicio además del descanso semanal que corresponde al empleado.

Pese a ello, según recoge la sentencia, "los investigados, ni abonaban a los trabajadores a su servicio las correspondientes horas extraordinarias por el trabajo realizado en domingos y festivos" además de "ocultar" esta circunstancia en sus cotizaciones a la Seguridad Social. Por este motivo, el Estado reclamó a la empresa los 238.734 euros que se generó como deuda por estas horas extras no contabilizadas por, al menos, 203 sábados y 252 domingos y festivos trabajados por los empleados de esta panadería.

En su sentencia, la Audiencia Provincial aplicó a los dos acusados la atenuante de reparación del daño dado que ya habrían regularizado con doce trabajadores que reclamaron las horas extra realizadas y han abonado parte de la deuda que se generó con la Seguridad Social, aunque no toda, dado que se logró un acuerdo para poder hacerlo a plazos.

FARO intentó ayer contactar con ambos empresarios en el horno que la empresa tiene en la zona vieja de la ciudad pero no fue posible. No obstante, fuentes del entorno de ambos empresarios señalan que precisamente el pago de esta importante deuda de 238.734 euros a la Seguridad Social, a la que hay que sumar una multa de 29.305 euros que les impone la Audiencia, se ha convertido en una importante losa económica para esta panadería familiar que se fundó en el año 1885 y que fue pasando de generación en generación. En el año 2004, ante el crecimiento del negocio experimentado en manos de los dos actuales dueños, ambos hermanos decidieron constituir una comunidad de bienes que es la fórmula bajo la que se gestiona el negocio actualmente.

Empresarios octogenarios

Estas mismas fuentes reseñaron que, a pesar de los evidentes y graves incumplimientos en materia laboral que dejaron incluso sorprendido al inspector de trabajo que sacó a la luz el caso, los dos empresarios -que son ya octogenarios- se mostraron en cierta forma sorprendidos por todo el proceso judicial dado que para ellos era una fórmula de trabajo que venían utilizando tradicionalmente en el negocio familiar en el que llevan trabajando toda la vida.

Las fuentes consultadas también confirmaron que en cuanto se produjo la Inspección y el asunto llegó a los tribunales por la vía penal, una de las primeras medidas que adoptó la empresa fue la regularización de la situación de la plantilla para que disfrutasen de los descansos semanales que corresponden y se diese cumplimiento a lo establecido en el convenio.

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