La Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (APLU) dio luz verde al derribo parcial de los ocho chalets construidos frente a la playa de Ouriceira, en Chancelas. Está previsto que el proceso arranque esta mañana cuando los técnicos del ente de la administración autonómica visiten la urbanización "Mar Tambo" para iniciar la realización de un proyecto para demoler, subsidiariamente, parte de los 8 chalets afectados luego de que los vecinos no pudieran conseguir la paralización cautelar del proceso en una reciente reunión con la APLU.

Está previsto que la APLU inicie hoy la inspección de las viviendas, en una visita a la que no acudirán con las máquinas para el derribo, pero sí acompañado de fuerzas de Seguridad del Estado para efectivizar el acceso a los ocho chalets. Se estima que el proceso se alargará hasta el próximo jueves a fin de realizar las mediciones pertinentes para determinar la superficie que será derruida y efectuar subsidiariamente la orden de derribo luego de que en 2009 una sentencia declarase la construcción ilegal por una invasión parcial del deslinde con Costas y que fue reiterada en 2011 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La decisión de la Xunta con efectuar el derribo ha creado malestar entre las ocho familias propietarias, entre las que se encuentran menores de edad. Y es que además de hacer frente a esta orden, por sentencia judicial firme desde 2014, deben asumir una sucesión de multas coercitivas que les ha ido impuesto la APLU periódicamente por incumplir la sentencia de demolición. Según señalan los afectados, las sanciones económicas llegan a alcanzar los 100.000 euros en algunos casos, una situación que a los vecinos denuncian que les está dejando "al borde del abismo, porque nos podemos ver sin dinero y sin nuestras casas", señalan.

Precisamente la orden de derribo llega semanas después de que algunos de los propietarios recurriesen al APLU para frenar los desahucios en una reunión en el que los propios vecinos de la urbanización "Mar Tambo" los representantes del ente autonómico les reconociesen que "las multas coercitivas impuestas fueron excesivamente duras" en referencia a diferentes sanciones de 10.000, 25.000, 40.000 y hasta de 70.000 euros en algún caso. "Cantidades que son excesivas y no se han visto en otros casos", señalan algunos los propietarios matizando que alguno de los vecinos no podrá asumir, con lo que se enfrentan a posibles embargos.

"La Xunta se viene ensañando con nosotros desde 2015. Nos multa, nos embarga las cuentas y luego pretende desahuciarnos para finalmente volvernos a embargar nuestros bienes y cuentas para costear el derribo parcial de nuestras viviendas que subsidiariamente acometerá el APLU", señalaba ayer uno de los vecinos afectados. Y es que además, entienden que el gasto del derribo subsidiario que prevé efectuar la Xunta podría suponer "el triple del gasto que llevaría realmente".

Una situación "evitable"

Los propietarios de los chalets de "Mar Tambo" dicen sentirse "en una situación de indefensión" y ven responsable de la situación a la empresa constructora, Vigobarro SL, que ya está liquidada por quiebra, y las administraciones. Al parecer, según indicaba ayer uno de los vecinos afectados, se sabía de la posible situación irregular en una denuncia de 2002, antes de la construcción, "pero no teníamos forma de saberlo porque en el Registro de la Propiedad no estaba adjuntada ni había referencias a nada de ello".

Por eso cargan directamente contra la Xunta por no haber paralizado cautelarmente una obra que ya se conocía que se estaba realizando de forma irregular. "Lo que nos duele a muchos de nosotros como compradores de buena fe, es que la Xunta pudo corregir y evitar esta situación, de hecho, la administración autonómica era conocedora de primer orden de lo que sucedía, recibió numerosas denuncias en su día y no hizo nada, no entendemos por qué en vez de paralizarlo la Xunta dejó que se terminase, que se vendiesen los chalets y ahora nos haga responsables de todo a los propietarios", señala uno de los vecinos afectados.

Pendiente del deslinde

Los propietarios de los ocho chalets de "Mar Tambo" llevan años de recursos posponiendo un derribo que ahora la Xunta ha decidido realizar subsidiariamente, notificándoselo el pasado mes de diciembre, lo que llevó a los vecinos a pensar que serían desahuciados en febrero. Los afectados consideran que este proyecto de derribo llega de forma precipitada.

Y es que los propietarios mantienen que no existe orden ministerial del deslinde, por lo tanto, no es definitivo. En este sentido, consideran que deberían oficializarse los deslindes de Poio, Pontevedra y Sanxenxo ya que podría afectar a la línea de costa.

"Creemos que la Xunta actuó mal en el pasado y puede volver a actuar mal en el futuro, porque no está aprobado el deslinde marítimo terrestre entre Pontevedra y Sanxenxo", señala uno de los vecinos afectados por la orden de derribo.