14 de junio de 2019
14.06.2019

El fiscal ratifica su petición de condena para los acusados de una estafa inmobiliaria en Brasil

Las víctimas son empresarios de la ciudad que invirtieron 157.000 euros en un complejo turístico en Nisia Floresta que nunca se ejecutó

14.06.2019 | 02:45
Los acusados, en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra. // Gustavo Santos

¿Un negocio inmobiliario que resultó fallido o un engaño en toda regla? Para la Fiscalía de Pontevedra está claro: fue una estafa. Así, el Ministerio Público mantuvo ayer su petición de tres años de prisión para los acusados de urdir una estafa inmobiliaria en Brasil en la que supuestamente cayeron varios empresarios de la ciudad del Lérez.

Además, solicita una pena de multa y que devuelvan a las víctimas los 157.000 euros que invirtieron en este proyecto que nunca se llevó a cabo. Se trataba de un complejo en una de las zonas turísticas de Brasil, en el municipio de Nisia Floresta y cerca de las playas de Búzios. Los tres acusados se comprometían a aportar los terrenos para construir dicho complejo y los pontevedreses aportaban la financiación necesaria para su ejecución. Comenzaron con estos 157.000 euros.

Sin embargo, los empresarios pontevedreses que declararon ayer explicaron que tiempo después recibieron una comunicación de Brasil alertando de que sus supuestos socios habían vendido los terrenos y en ellos nada se había construido. Su dinero nunca lo pudieron recuperar y fue entonces cuando lamentaron no haber hecho antes ciertas comprobaciones. "Vivíamos en un modo de velocidad y nunca pensé que fuera una estafa".

Los acusados niegan los hechos. Sus defensas señalan a que el dinero fue una inversión, un préstamo de los querellantes a la sociedad que integraban los acusados para ejecutar el proyecto pero que éste salió mal. De hecho, una de las defensas incluso pidió que se deduzca testimonio por un documento en el que supuestamente se reconoce ese préstamo pero que fue ocultado al tribunal. Las otras defensas añaden que en todo caso se trata de un incumplimiento de un contrato de préstamo por lo que debe resolverse en la jurisdicción civil.

Las víctimas y el fiscal niegan esta posibilidad. Señalan que "no se le ocurre a nadie prestar 157.000 euros sin interés, a cambio de nada". Creen que hubo voluntad de engaño por parte de los tres acusados, José Ramón L. P., Ramón H. B. y José Manuel C. E. en unos hechos que se remontan ya al año 2008.

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