El secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Galicia, Roberto González, valoró ayer la próxima incorporación prevista para Pontevedra de unos 34 agentes como "un balón de oxígeno" de cara al verano ante el déficit de personal que siguen padeciendo las comisarías gallegas y de la provincia. Un déficit que, pese a que reconocen que las últimas convocatorias de empleo público han sido importantes, en la ciudad de Pontevedra todavía se mantiene en un 20% de los plazas. Una tasa que, a juicio del SUP, es todavía "bastante elevada" aunque confían en que se pueda ir cubriendo "en los próximos años".

El próximo 16 de julio está prevista la incorporación de 150 agentes en prácticas en Galicia, de una promoción de 3.200 nuevos policías. A esto hay que sumar los traslados del concurso general de méritos que traerá a Galicia 111 policías, 11 subinspectores y 11 oficiales.

En el caso de la Comisaría de Pontevedra, se incorporarán un total de 25 agentes en prácticas, además de 14 policías más mediante el concurso general de méritos. En Marín, la previsión es que lleguen cinco agentes en prácticas y otros tantos por el concurso de traslados.

La situación de déficit en el número de plazas cubiertas viene dada, a juicio del SUP, por lo que consideran que es un hecho que no debe producirse en materia de seguridad pública y es que la tasa de reposición de las fuerzas de seguridad pueda quedar a expensas de la situación económica o política de un país. Recuerdan que en los años más duros de la crisis la tasa de reposición fue prácticamente nula y reclaman que se convoquen las plazas de los agentes que se jubilan. En los últimos dos años reconocen que las convocatorias están siendo "aceptables", la última con 2.500 plazas.

Los responsables del SUP analizaron la situación de las plantillas de la Comisarías de la provincia a petición de los medios en una comparecencia en la que presentaron el balance de actividad del servicio jurídico del sindicato policial.

Desde enero de este año, el SUP Galicia cuenta con un servicio jurídico autogestionado que está en manos del despacho de abogados Lex Auria, un apartado al que destinan el 60% de sus recursos y que ofrece asistencia jurídica penal y disciplinaria a los agentes, además de personarse en los distintos procesos en los que los agentes se pueden presentar como perjudicados.

Según los datos que proporcionó Roberto González, en total en los últimos cinco años el servicio jurídico del sindicato realizó 613 asistencias en los distintos órdenes jurisdiccionales (desde el Penal, con 270), al Civil, Contencioso y Social. Un periodo en el que se han logrado resoluciones judiciales que suman 980.000 euros en indemnizaciones para los agentes socios del sindicato.

Insolvencias judiciales

González reivindicó este servicio como uno "de los pilares fundamentales del sindicato". Además de la defensa penal o disciplinaria de agentes, están litigando para que sus socios se vean afectado lo menos posible por las llamadas insolvencias judiciales. Se dan casos en los que los condenados por delitos contra los agentes del orden son declarados insolventes y la administración no cubre los perjuicios a los funcionarios. Sin embargo, señalan que están logrando sentencias en los juzgados para que la administración se haga cargo de estos daños y perjuicios sufridos en acto de servicio.