Sobre todo las empresas, aunque también los sindicatos de la Sagep, no ocultan su temor a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Después de la multa de 3,4 millones en conjunto -ya abonada- que les impuso el pasado agosto por funcionar con acuerdos contrarios a la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no darán ningún paso más sin revisarlo antes este organismo.

Aquella sanción que se produjo a raíz de una denuncia formulada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, pero a los implicados en el acuerdo histórico aprobado este viernes poco les importa esta diferencia. Con la intención de asegurarse al máximo, tan pronto las dos partes firmen el documento en una cita prevista la próxima semana lo remitirán a la CNMC. Con esta reacción podría parecer que no tienen todas consigo, que dudan de la legalidad de lo negociado, como apuntaron algunas voces en la noche del viernes. Quienes conocen a fondo el texto defienden lo contrario, y como mucho esperarían una indicación "para cambiar algo, y poco más".

Con el objetivo de blindar la seguridad jurídica de todo lo que estaban incorporando al borrador, antes siquiera de sentarse en la mesa de las negociaciones, el Comité y las empresas decidieron contratar los servicios del bufete Cuatrecasas.