Tras reactivarse la demanda contra Audasa al incorporarse dos asociaciones de consumidores a la demanda colectiva de la Fiscalía por el cobro "abusivo" de peajes durante los más de tres años de obras de ampliación del puente de Rande, le tocaba mover ficha a la concesionaria de la mayor autopista de pago en Galicia. El juzgado emplazó a Audasa para contestar a dicha demanda y su respuesta fue la formulación de una declinatoria de jurisdicción: Sostiene que la sala de lo Mercantil de Pontevedra carece de competencias para conocer el asunto, alegando que las investigaciones debería asumirlas un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según informó el TSXG.
Ahora, se abrió un nuevo plazo para que las partes personadas se pronuncien sobre esta declinación.
La causa judicial se inició el pasado diciembre con la admisión a trámite de la demanda del Ministerio Público. A él se sumaron dos plataformas de afectados que aglutinarían a cientos de consumidores: Adicae y En-Colectivo, plataforma que nació en 2018 para reclamar a la adjudicataria de la AP-9 el cobro de los peajes en el periodo que contempla la Fiscalía -desde el 27 de febrero de 2015 y hasta junio de 2018-. Según ha relatado el portavoz de este último colectivo, Diego Maraña, han estado a punto de salir del procedimiento a instancias de la otra asociación, Adicae.
Y es que tal y como explica Maraña presentaron un escrito en el que sostenían que En-Colectivo "no estaba legitimado" para ejercer de parte en este proceso. "El juez ya se ha pronunciado al respecto y de forma tajante dijo que no ha lugar a su solicitud", explica Maraña.
Por el momento y a la espera de pronunciarse sobre las competencias jurisdiccionales, las partes continúan aportando documentación a la causa y subsanando defectos en los mismos.
Si bien el plazo para que asociaciones de consumidores o particulares se personasen con abogado y procurador ya concluyó, todavía existe otra opción para poder recuperar el dinero, que es esperar a la sentencia -no es necesario letrado- y reclamar, siempre que el interesado acredite ser perjudicado y sea reconocido beneficiario por el juez. Otra cuestión clave es que los beneficiados son los que se encuadran en el concepto de "consumidor y usuario". "En este apartado ya somos más de 150, pero todavía podemos ser muchas más. Lo que más nos está costando es iniciar el trámite, porque luego el servicio es bueno", sostiene Diego Maraña.
