Los vecinos afectados por la sentendencia de deomición de ocho chales contruidos frente a la playa de Ouriceira, en Chancelas, acudiran a la Axencia de Protección da Legalidade (APLU) para denunciar su preocuación por la posibilidad real de ser desahuciados luego de que la Xunta de Galicia manifestase su intención de llevar a cabo la obra citada de manera subsidaria.
Los propietarios de las viviendas, comocidas como "Mar de Tambo" criticaron ayer "el doble rasero" que mantiene la administración autonómica en cuanto a la interpretación de la Ley de Costas. "Sale en defensa de la continuidad de la concesión de Ence, que es una empresa, y a nosotros, que somos particulares y familias nos la está aplicando drásticamente", indicó ayer uno de los vecinos.
Actualmente, ocho familias, algunas con menores a su cargo, están afectadas por esta orden de derribo, que en su día fue reiterada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Estas personas quieren que las administraciones, concretamente la Xunta de Galicia y el Concello de Poio, asuman sus responsabilidades, al haber autorizado la construcción de estos adosados que fueron declarados ilegales por una invasión parcial del deslinde de Costas, con una primera sentencia de 2009 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, cuando el deslinde oficial se aprobó en 2011.
Estos propietarios, además, no solo tienen que hacer frente a una orden de derribo, por sentencia judicial firme desde 2014, sino que deben asumir una sucesión de multas coercitivas que periódicamente impone la APLU de la Xunta por incumplir esa orden de demolición "cuando las responsables son la empresa promotora (ya liquidada por quiebra) y las administraciones", según sus quejas. Las multas, según señalan, ascienden ya en algunos casos hasta los 100.000 euros y denuncian que la situación les está dejando "al borde del avismo, porque nos podemos ver sin dinero y sin nuestras casas" y criticaron las elevadas sanciones "nunca vistas en otras zonas rurales".
Desde la Xunta se trasladó una orden de derribo subsidario que "supone el triple del gasto que llevaría realmente", según señalan los afectados, una sentencia que fue recurrida por los vecinos hasta que el APLU no contemple desde qué punto se debe hacer la medición desde la que hay que derribar. Los afectados mantienen que no existe orden ministerial del deslinde, por lo tanto, no es definitivo, de ahí a que critiquen la "dureza con la que está actuando" la administración autonómica.
Uno de los afectados recuerda que cuando fue contruida la urbanización "no nos podían haber dado licencia, sin embargo, nos la dieron", además de apuntar que durante la realización de la obra"nunca se pidió su paralización" por parte de la Xunta.
