La Diputación acaba de dar el primer paso para llevar ante el juzgado a la Xunta por su negativa a rehabilitar el pazo de Lourizán. Así, el ente provincial remitió a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia un requerimiento para que "a la mayor brevedad cumpla con su deber legal de efectuar a las obras de conservación necesarias para el mantenimiento de la zona noble de la finca de Lourizán". Se trata del último paso, previo a la interposición del recurso correspondiente contencioso-administrativo, que la institución provincial ya anuncia que presentará si en el plazo de un mes dicho requerimiento no es contestado por la Consellería.
"Se a Xunta non dese resposta, entenderase como rexeitado polo que quedará expedita a vía contencioso-administrativa", indican fuentes del organismo provincial. Con este movimiento se da cumplimiento al acuerdo del pleno de la Diputación, del pasado 4 de marzo, en el que se acordó iniciar de manera inmediata el estudio de las medidas legales correspondientes ante la "inacción" de Xunta con los compromisos adquiridos en el Pazo.
La Diputación cita en dicho requerimiento las cláusulas de los convenios firmados con la Xunta en los años 1991 y 2000, en las que se pone de manifiesto el deber del gobierno gallego de llevar a cabo los trabajos de conservación en el Pazo. Así, la institución provincial recuerda el convenio de 22 de enero de 1991, en el que expresamente se cita que entre los deberes de la Consellería estaba el de "efectuar las obras de conservación necesarias para el mantenimiento de la zona noble del conjunto, respetando su carácter artístico y monumental". Igualmente, la Diputación cita el convenio firmado con la Consellería de Medio Ambiente de 21 de enero de 2000, en el que nuevamente se recogía este mismo deber. Así, en el requerimiento, la Diputación recuerda que desde 1991 la Xunta ostentó de forma ininterrumpida la posesión, uso y disfrute de la finca de Lourizán y que durante todos estos años "no efectuó las obras de conservación necesarias la cuya ejecución está obligada".
Grave deterioro
Para la Diputación, este incumplimiento es la principal causa de que el pazo presente actualmente un grave deterioro y deficiente estado de conservación que exige su reparación urgente en cuanto a la seguridad estructural. Una seguridad que incluso no está garantizada en diversas zonas del edificio. Además, presenta las humedades patentes en habitaciones, escaleras y pisos; hundimientos de partes de la cubierta; riesgos existentes en seguridad eléctrica que podrían derivar en incendio; el mal estado de las carpinterías exteriores e interiores. Una rehabilitación cuyo coste cifró en 14,2 millones de euros, en base a un estudio sobre el estado del histórico pazo.
