La Fundación para a Discapacidade e o Emprego Juan XXIII logró el año pasado, a través del programa "Emprega XXIII", la inserción laboral de decenas de personas con discapacidad. De los 85 participantes en el programa, 25 lograron un contrato de trabajo, ya fuera temporal o indefinido. Fue posible gracias a la colaboración de medio centenar de empresas de cinco concellos: Pontevedra, Poio, Marín, Cangas y Moaña.

Este año la fundación repite experiencia, solo que ha incrementado el número de usuarios participantes, ahora 100, tal y como ha estipulado la Xunta de Galicia. En pleno ecuador del programa ya se ha contactado a 60 empresas con el resultado de 15 inserciones laborales.

La primera fase del "Emprega XXIII" consiste en la selección de los participantes, "que lleva meses, porque algunos tienen patologías severas", explica Diego Chapela, presidente de la Fundación Juan XXIII Pontevedra.

Las actividades que se llevan a cabo tras esta selección previa consisten en la orientación laboral y la formación. Esta última se realiza de forma transversal, a través del "coaching" para desempleados de larga duración y la potenciación de habilidades personas como los idiomas o la informática. También tiene lugar la formación específica, con itinerarios que abarcan desde la especialización en jardinería, en comercio y almacén, en servicios a la comunidad o en la hostelería, como auxiliar en limpieza.

"Se trata de crear perfiles amplios para que sean polivalentes", subraya Diego Chapela.

A través de esta formación obtienen carnés profesionales como el de carretillero, manipulador de alimentos o de productos fitosanitarios.

Se trata de personas con discapacidades físicas o psíquicas, por lo que se busca para cada caso la empresa más adecuada. Primero realizan prácticas de unas dos semanas, entre 50 y 60 horas. De estas fructifican los contratos de trabajo. "Hay de todo, desde contratos de tres meses a un año hasta indefinidos", celebra el director.

Actualmente se encuentra con la formación de comercio y almacén. "Y ya han surgido oportunidades en el control de accesos", informa.

Los trabajadores se benefician, pero también lo hacen las empresas para las que trabajan. Básicamente, con estas contrataciones se cumplen las cuotas de reserva de puestos para personas con discapacidad que marca la ley, que han de ser del 2 por ciento de la plantilla. En caso de no cumplirla, una empresa no puede optar a contratos con la Administración pública.

Por otro lado, las empresas reciben beneficios fiscales, con cuantías diferentes en función de la discapacidad, de modo que cuanto mayor sea esta, mayor será el incentivo.

En cualquier caso, Diego Chapela destaca que el mayor beneficio, tanto para la empresa, como para la plantilla, es la diversidad entre sus trabajadores, "que siempre genera valor a nivel humano".

"Las capacidades diferentes generan oportunidades diferentes", resume.

La Fundación Juan XXIII Pontevedra cuenta con un completo equipo compuesto por cinco técnicos, especialistas en procesos de apoyo en la empresa, formación, coaching, orientación laboral y pedagogía.

FP dual para discapacitados

Esta formación tan completa les ha llevado a apostar por un nuevo proyecto, pionero en España, la Formación Profesional dual específica para discapacidad intelectual. La idea es ponerla en marcha el curso que viene con la especialización en jardinería. Son tres años de estudio y hasta ahora solo ha habido un proyecto experimental en Mallorca.

"Todo esto se basa en la idea y el concepto de que las personas con discapacidad aprenden haciendo", considera el director de la fundación.