El Concello de Poio recuerda al PP que en los gastos que no superen los 15.000 euros en facturas no es obligatorio hacer un proceso de contratación ni retención de crédito. El gobierno local responde de este modo a las críticas de los populares, que denunciaron el pasado martes "irregularidades" en la gestión de facturas relativas al programa Poio Impulsa.

El concelleiro de Promoción Económica, Gregorio Agís, explica que el citado lleva ya ocho meses en funcionamiento y que fue creado para los años 2018-2019.

Se han generado cuatro facturas pero no se han superado los 15.000 máximos que la ley marcha par que se realice un proceso de contratación ni la retención de crédito.

"Se recibieron cuatro ofertas y se eligió a la empresa más beneficiosa", subraya Agís, que recalca, además, que se trata de una empresa del municipio.

150 participantes

Desde que se puso en marcha el Plan Impulsa, destinado a los comercios de Poio, se inscribieron 150 empresas. De ellas se fue realizando una selección y, finalmente, quedaron 10 que pasaron la última fase, en la que reciben un asesoramiento personalizado en comunicación, redes sociales, escaparatismo y captación de clientes, entre otras cuestiones.

Son negocios de todo tipo, desde una autoescuela, una empresa de serigrafía, una de electrodomésticos, una clínica veterinaria y un viero, entre otros.

Desde su inicio, el Plan Impulsa ha ofrecido varias mesas redondas y hoy mismo, a partir de las 21 horas, tendrá lugar la última, en Combarro. En el encuentro se presentarán las conclusiones del proyecto y las mejoras que los propios comerciantes consideran que se pueden aplicar desde el Concello de Poio.

El PP local denunció esta misma semana que en la sesión de la xunta de goberno de finales de abril se aprobaron cuatro facturas "de forma irregular" por un importe que rondaba los 14.000 euros en concepto de gestión, difusión y comunicación del Plan Impulsa.

Según los populares, la interventora del Concello instó a que este servicio fuese objeto de licitación mediante el correspondiente expediente de contratación, "previa emisión de los correspondientes informes y previa acreditación de existencia de crédito". Son los argumentos que ahora desmonta el gobierno local en su respuesta.