Es un fenómeno que se observa desde hace unos años, pero las cifras que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE) certifican que la rehabilitación se ha convertido en una tabla de salvación para muchas empresas de construcción que vieron mermada su actividad a causa de la crisis del sector inmobiliario. La caída en la venta de viviendas, que frenó casi por completo la ejecución de nuevos edificios, y las ayudas a la restauración, sobre todo con las Áreas de Rehabilitación Integral, han supuesto un giro radical en el número de licencias urbanísticas en la comarca. A día de hoy, más de la mitad de estos permisos corresponden a la rehabilitación, cuando hace una década solo suponían dos de cada diez casos.
Aún así, el número de licencias no llega, ni de lejos, a las cifras de 2008. En aquel momento, los catorce municipios de la comarca otorgaron, según el IGE, 389 permisos, casi todos ellos (304) para edificios de nueva planta. Destaca sobre todo Sanxenxo, que rondaba el centenar, junto con Vilaboa (55), por encima de los 52 de Pontevedra, 42 de Caldas o 33 de Poio. Aunque había casos de edificios colectivos, la mayor parte eran para viviendas unifamiliares.
Hace diez años solo el 20% de estas autorizaciones urbanísticas se referían a rehabilitaciones de edificios existentes. Desde entonces, el número total de licencias se ha reducido de forma notable y en 2017 -último año completo disponible en el IGE- en toda la comarca se otorgaron 140 permisos. Solo 64 de ellos correspondieron a edificios de nueva planta, mientras que 76 se referían a rehabilitaciones, lo que supone el 54% del total.
Así se desprende de la última información facilitada por el Instituto Galego de Estatística relativa a la construcción, que ofrece datos sobre las licencias de obra mayor que conceden los ayuntamientos gallegos. El colectivo de informantes en este caso está constituido por el conjunto de los promotores inmobiliarios y los técnicos colegiados que firman los proyectos de edificación.
En el municipio de Pontevedra la diferencia fue de 34 edificios, al pasar de las 52 licencias de hace diez años a las 18 autorizadas en 2017. Es una tendencia generalizada en casi todos los concellos, aunque llama la atención el caso de Marín, donde el IGE tenían registrados en 2008 únicamente tres licencias y diez años después la cifra se elevó a 19. A Lama, por su parte, se mantiene en cinco en ambos casos. También son significativos los desplomes de Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro o Portas, que cerraron el año con una o dos licencias en todo el ejercicios.
La estadística ofrece también información sobre el número de edificaciones de nueva planta a construir diferenciando si se trataron de edificios residenciales o no. En este caso, las licencias otorgadas en la capital para uso como vivienda fueron mayoría, pero el dato más llamativo aportado por el IGE se refiere a la "variación neta del parque de viviendas", es decir, en que volumen aumento el número de hogares en función de estas licencias.
Así, en 2000 se otorgaron permisos para 1.173 viviendas, una cifra que en 2008 ya era menos de la mitad (429) y que continuó a al baja en los ejercicios siguientes, hasta llegar a su mínimo histórico en 2014 con solo seis. En 2017 ese parque creció en 37 nuevos inmuebles residenciales.
