El Gobierno ha pedido hoy "seguir la ley" con relación a la planta de Ence en Lourizán, de la que ha recordado que se encuentra en dominio público y está a la espera de la resolución de la Audiencia Nacional al respecto.

Así lo ha afirmado la ministra de Educación y Portavoz del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros, Isabel Celaá, al ser cuestionada sobre si el Gobierno se va a replantear la decisión que tomó en su momento de dejar de defender la prórroga de la concesión de Ence y sobre cómo piensan hacer frente a la pérdida de empleo en la comarca de Pontevedra.

Celaá se ha limitado a recordar que las instalaciones de esta empresa de celulosas están en "espacio de dominio público marítimo terrestre además" y ha precisado que "la legislación vigente dice que no puede tener una prórroga equivalente a los años que ya ha pasado abierta".

Por ello, ha insistido en "seguir la ley" y esperar a que se produzca la resolución que está pendiente en la Audiencia Nacional.

Precisamente ayer, los trabajadores de la pastera realizaron una protesta en el mitin que Pedro Sánchez dio en la ciudad olívica. Decenas de empleados se congregaron a las puertas del Auditorio Mar de Vigo con pancartas y chalecos donde se podía ver el lazo verde que simboliza su lucha por la continuidad de la fábrica.

Mensaje de tranquilidad a los sectores marisquero y acuícola gallegos

Por otra parte, el Gobierno ha enviado este miércoles un mensaje de tranquilidad al sector de la acuicultura y depuradoras de marisco gallegas porque el plazo máximo para estas concesiones se mantiene en los 75 años pese a la modificación que se ha puesto en marcha del Reglamento General de Costas por algunas "incoherencias".

El Gobierno ha empezado a trabajar en una modificación del Reglamento General de Costas debido a "ciertas disfuncionalidades e incoherencias" que afectan a dicha norma, de 2014, que desarrolla las leyes de 1988 y 2013, según informa en un comunicado la Delegación del Gobierno en Galicia.

Tras consultar con la Abogacía del Estado, el Ministerio para la Transición Ecológica pretende introducir ciertas aclaraciones en el nuevo texto reglamentario para eliminar la "incertidumbre" actual, pero en todo caso la modificación del reglamento respetará escrupulosamente la legislación vigente. Así y con la finalidad de aportar certidumbre a largo plazo a las empresas, se establecerán los criterios objetivos para otorgar concesiones y prórrogas.

Según el secretario general del PP gallego y viceportavoz en el Parlamento autonómico, Miguel Tellado, esta situación obedece a una "decisión precipitada" del Ejecutivo central de elaborar un nuevo reglamento de Costas con el objetivo de "dar cobertura al cierre de Ence", en Pontevedra.

Por ello, avanzó el pasado lunes que su grupo usará la vía administrativa, política, parlamentaria o judicial, si fuese necesario, para defender los intereses de Galicia frente a este "arbitrario" nuevo reglamento de Costas que prepara el Gobierno.

La Xunta ha presentado alegaciones y, entre otras, Tellado se refiere al periodo máximo de ubicación en el dominio marítimo terrestre, que son 75 años, al asegurar que el reglamento propone que comience a contar desde la primera concesión y no desde el inicio de una prórroga.