17 de abril de 2019
17.04.2019

Absuelto el guardia civil acusado de tener sexo con una víctima de violencia a la que debía proteger

No observan ningún delito "más allá de la falta de ética" del agente

17.04.2019 | 02:02

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra absolvió al brigada de la Guardia Civil, Juan Ramón Q. G., que entre 2016 y 2017 desempeñaba el cargo de comandante del puesto de la Guardia Civil de Pontevedra y que estaba acusado por la Fiscalía de los delitos de solicitud sexual, negociación y actividad prohibida al funcionario y abuso de su función. Una víctima de violencia de género que declaró en el juicio (y a la que la unidad a la que pertenecía el Guardia Civil debía proteger) aseguró que este agente se había aprovechado de su condición para mantener relaciones sexuales con ella a cambio de ayuda, tanto económica como de otro tipo.

El tribunal relata en la sentencia que el sospechoso, que era quien supervisaba y decidía en las actuaciones relativas a la violencia de género y a las órdenes de protección vigentes, conocía "con motivo de su actuación profesional" el teléfono de la denunciante, así como que ejercía la prostitución y era consumidora de sustancias estupefacientes. El tribunal considera acreditado que el 26 de mayo de 2016 la llamó por teléfono y quedaron en un bar. Ese día, según el fallo, "acudieron y subieron juntos" al cuartel de la Guardia Civil en el que residía el sospechoso, "donde permanecieron al menos durante diez minutos, sin que se hayan acreditado otros hechos".

La mujer había denunciado en el juicio que en el domicilio del agente en la Comandancia habían mantenido sexo, pensando que sería a cambio de ayuda económica para el alquiler o información sobre su agresor, pero el acusado lo negó.

Para la Audiencia, incluso en el caso en que quedase demostrado que hubo una relación sexual, tampoco cree que haya prueba suficiente para condenar a este funcionario.

"La falta de ética que en cualquiera de los casos pueda derivarse del comportamiento del acusado subiendo a su domicilio particular con una víctima de violencia de género o incluso la sanción que tal acto pudiera merecer en el ámbito disciplinario no suponen que en este caso concurran los elementos exigidos por el tipo penal por el que se ha formulado acusación", señalan las magistradas, quienes subrayan que "no consta" que el consentimiento de la denunciante hubiera estado "mediatizado ni condicionado en forma alguna ni por la condición de funcionario público del acusado ni específicamente por su consideración de víctima de violencia de género". La Fiscalía pedía para el acusado 18 meses de cárcel y siete años de inhabilitación.

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