La convocatoria de elecciones generales anticipadas y la disolución de las Cortes dejan en el tintero alguno de los debates propuestos en el Congreso por diferentes partidos políticos sobre cuestiones que afectan a la comarca pero que no han llegado a producirse ante el final anticipado de la legislatura. Se trata de proposiciones no de ley, interpelaciones y preguntas para su respuesta oral y escrita por parte del ejecutivo que se quedarán sin respuesta o sin que se llegasen a debatir por parte de los diputados.

El Congreso publicaba estos días el listado de aquellas iniciativas que, con el final de la legislatura, quedan postergadas hasta la composición de la nueva Cámara o directamente caducan, por lo que habrá que introducirlas otra vez en la agenda del Congreso si quieren ser debatidas.

Centrándonos en las proposiciones no de ley, son varias las que afectan a la comarca. Las más numerosas son las del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Una de ellas, por ejemplo, es la iniciativa que presentaron ante el Congreso defendiendo la necesidad de que el Estado abra un diálogo con la Xunta de Galicia para el traspaso de la Isla de Tambo. Se señala que en 2002 se llevó a cabo su desafección para usos militares y añadía esta formación que 17 años después la isla sigue en manos de Defensa y que sus edificaciones están en "un deplorable estado de abandono y descuido", en una isla que carece de cualquier protección ambiental y cuyo acceso para actividades de ocio por parte de la población local sigue siendo bastante dificultoso.

La propuesta, defiende su traspaso a la Xunta para su posterior incorporación al Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Postura sobre Tambo

Vista aérea de Tambo. // R. Vázquez

Aunque la proposición no de ley sobre Tambo se quedó en el tintero, el Gobierno sí que llegó a contestar una pregunta por escrito de los diputados de En Marea sobre la isla. En ella se resalta que el Ministerio de Defensa ha permitido el acceso a visitas a este enclave "con las reservas propias de su condición como zona vecinal".

También se asegura que el "estado de conservación de la isla es satisfactorio" incluso llevándose a cabo labores de "protección, mantenimiento y reconstrucción" tanto de sus edificaciones como de sus valores naturales.

EDAR de Placeres

Vista de la EDAR. // R. Vázquez

Otro debate que se queda a medias en el Congreso es el de la ampliación de la EDAR. Aunque esta obra es competencia de la Xunta, En Marea también quiso trasladar este debate el Congreso para que se inste al Gobierno, y concretamente a Costas, a que paralice las actividades de la EDAR que no cuentan con concesión administrativa y que busque con la Xunta un "plan de cierre" progresivo para estas instalaciones mientras que se implanta un modelo de depuración alternativo para esa EDAR "que apueste por estaciones depuradoras de escala sostenible y distribuidas territorialmente por emplazamientos más adecuados".

Circunvalación

Obras de la A-57 en Marcón. // R. Vázquez

Otras dos proposiciones de ley que se quedan en el limbo se refieren a la A-57 y son promovidas por En Marea (para el conjunto del trazado) y por el grupo socialista en lo que respecta a su impacto en la zona de Barro. En cuanto a la primera de ellas, los diputados de En Marea ponían en cuestión la viabilidad económica y el fuerte impacto social que tendrá el proyecto (en su primer tramo ya lo ha tenido) sobre el monte de A Fracha, así como viviendas unifamiliares, especialmente en los tramos entre Marcón y Xeve y desde Xeve a Barro.

Ante las dudas que sembraba esta formación política sobre el proyecto (cuestionan que pudiera funcionar como una verdadera circunvalación para Pontevedra) solicitaban en esta proposición no de ley "paralizar la ejecución y los procedimientos administrativos del proyecto de construcción da la autovía A-57 por su innecesariedad, por su elevado coste económico cuando discurre paralela a la AP-9, por su enorme impacto social, afectación a viviendas y terrenos de uso agrario y por su gran impacto medioambiental sobre zonas protegidas".

Asimismo, esta iniciativa también planteaba impulsar "un modelo de racionalización de las infraestructuras viarias que tenga como prioridad la liberalización de los peajes de la AP-9" como alternativa a este vial.

UPR en la Comisaría

Agentes de la Policía Nacional en Pontevedra.

En lo que respecta a las proposiciones no de ley, también quedará para una mejor ocasión la que plantearon los diputados del PP sobre la necesidad que tiene la Comisaría de Pontevedra de contar con una UPR, Unidad de Prevención y Reacción. Esta dotación permitiría que la ciudad contase con una unidad propia para asumir la seguridad en grandes concentraciones o manifestaciones, eventos deportivos o multitudinarios, además de contribuir a paliar el déficit de agentes que presenta tanto esta Comisaría como las de Marín y Vilagarcía. En este sentido, Ciudadanos presentó una pregunta escrita que sí tuvo contestación por parte del Ejecutivo, que respondió que no era posible crear la UPR en Pontevedra por "razones técnicas".