Vicepresidencia de la Xunta ya tiene sobre su mesa todas las solicitudes para optar a los 26 locales ofrecidos a entidades y asociaciones sociosanitarias de la comarca que se habilitarán en la rehabilitada sede autonómica de la calle Benito Corbal, en obras desde febrero de 2018.

Hasta el pasado 21 de marzo se recibieron prácticamente el doble de peticiones de las oficinas disponibles y desde entonces se trabaja en el proceso de selección para su inmediata adjudicación. Se trata de dos plantas completas, la tercera y la cuarta, de un edificio donde también se instalarán las oficinas de empleo de Eduardo Pondal y será sede del campus Crea de la Universidade de Vigo.

Esta autorización tendrá carácter gratuito y los colectivos solo deberán hacerse cargo del suministro eléctrico. El plazo máximo de duración de las autorizaciones de uso, incluidas las prórrogas, es de cuatro años.

La superficie total que abarcan los dos pisos está dividida en locales de dos tipos: 22 entre 20 y 27 metros cuadrados aproximadamente de superficie; y cuatro con 40 metros cuadrados. Además, un mismo solicitante podrá ser beneficiario de más de un local. Las oficinas autorizadas a cada entidad se entregarán diáfanas y exclusivamente con instalaciones de climatización, alumbrado y tomas de corriente.

El proceso estuvo abierto a entidades con domicilio en el municipio de Pontevedra o en su comarca y sus fines sean de interés social, cultural, deportivo, sanitario o similares. También se admitirán aquellas que acrediten realizar la mayor parte de su actividad en el municipio de Pontevedra y su comarca; y es obligatorio que se encuentren legalmente constituidas e inscritas en el registro público correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia y al corriente en el cumplimiento de sus deberes tributarios y frente a la Seguridad Social.

En sus peticiones deben aclarar el uso al que destinarán cada oficina y durante el proceso de selección ahora en marcha -en el que se han solicitado correcciones de la documentación en algunos casos- se tienen en cuenta aspectos como la relevancia social de la entidad o el número de beneficiarios de cada colectivo. El uso del idioma gallego o el fomento de la igualdad son también criterios que se tendrán en cuenta, pero no son condiciones indispensables, sino opcionales.

Entre las obligaciones de los beneficiarios se destaca que las concesiones no son transferibles, y no se podrá variar el horario habitual salvo autorización expresa. Cada entidad deberá suscribir un seguro y devolver los locales en las mismas condiciones en las que los recibieron una vez finalice la autorización. Además, contarán con licencia de apertura como oficinas, por lo que un uso diferente se debe tramitar aparte.