Una espera mínima de dos años es la que un ciudadano que acuda a la jefatura territorial de la Consellería de Política Social de Pontevedra tendrá que aguardar para saber si le corresponde el reconocimiento de un grado de discapacidad por parte de la Xunta.
"En este momento estamos viendo expedientes iniciales de abril de 2017", aseguran los trabajadores de los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) dependientes del gobierno autonómico, que mañana viernes a las 12 horas tienen previsto concentrarse ante la jefatura territorial, en la Avenida de Vigo, para mostrar su malestar por una situación que se prolonga en el tiempo y ante la que no ven una salida.
Han decidido visibilizar el problema, una vez más, porque hasta el pasado mes de febrero habían contado con seis equipos de refuerzo, pero ahora se han vuelto a quedar "bajo mínimos". "Somos los que peor estamos de toda Galicia", dicen.
La jefatura territorial de Política Social cuenta con tres equipos permanentes, compuestos por un médico, un psicólogo y un trabajador social. "Aunque uno de ellos no tiene psicólogo, así que en realidad serían ocho trabajadores, en lugar de nueve", recuerdan estos.
"Con esos seis equipos a mayores logramos resolver durante nueve meses un año de trabajo, porque antes de que llegasen la espera era de más tres años para un ciudadano medio", se lamentan. "Si esos equipos no hubieran llegado, probablemente ahora estaríamos en los cuatro años de espera", añaden.
"Esto nos ayuda puntualmente, pero llevamos demandando desde hace mucho tiempo equipos estables", reconocen.
No es la primera vez que desde la Consellería se refuerza a esta jefatura, puesto que en 2015 se destinaron tres equipos completos "de acúmulos" para agilizar las listas de espera. Sin embargo, ninguno de ellos se quedó de forma permanente. Son ubicados en la oficina de la calle Cruz Vermella, mientras que los fijos continúan en la antigua Sanidade de la Avenida de Vigo.
"Cada cierto tiempo volvemos a tener la misma necesidad. Cuando hay refuerzo mejora la situación, pero cuando se van esos equipos volvemos a encontrarnos con nuestro trabajo más el que queda pendiente de esos trabajadores que ya no están y la lista de espera vuelve a crecer", afirman.
En este sentido, consideran que con el incremento en la plantilla de dos equipos completos permanentes sería suficiente para poder sacar adelante todos los expedientes de una forma más o menos fluida y no acumular de forma preocupante los cerca de 400 casos iniciales que llegan cada mes hasta sus manos.
En cualquier caso, los trabajadores recuerdan que no se trata solo de una cuestión laboral, sino que tiene un importante carácter ético.
"No reconocer a una persona un grado de discapacidad significa para ella la pérdida de derechos económicos y sociales", subrayan.
"La discapacidad tiene muchos beneficios. El más conocido es la desgravación fiscal, pero hay más", recalcan.
Por ejemplo, la contratación laboral. "Hay mucha gente que nos dice que si pueden acreditar una discapacidad le contratan por los beneficios que tiene para los empresarios", informan.
Lo mismo ocurre con los niños o estudiantes, que pueden acceder becas a las que de otra manera no podrían. Además, si en una familia con dos hijos uno de ellos tiene alguna discapacidad ya pasa a ser familia numerosa. "Son muchas ventajas: becas, campamentos, plazas en guardarías...", dicen los trabajadores.
"La discapacidad es algo que en el día a día tiene muchísimas ventajas en una familia. Al retrasar el reconocimiento se les está perjudicando", se lamentan.
