"No hay duda de que cada municipio se hace cargo de sus residuos". Esa fue la conclusión del concejal de Facenda, Xulio Barreiro, tras la celebración ayer de la comisión de investigación sobre el servicio de recogida de basura que ayer celebró el Concello. En su segunda sesión, comparecieron ante los ediles un camionero y dos encargados de la empresa concesionaria en el municipio, Valoriza, que negaron el supuesto fraude ante las acusaciones lanzadas por el PP de que Poio estaría pagando por la basura de otros municipios.
En la segunda comisión de investigación, comparecieron un conductor de camión de la basura, así como el encargado de la empresa en Poio y un responsable de Valoriza en la zona, en la que respondieron a las cuestiones sobre cómo se realiza el servicio de recogida en el municipio, así como en otros lugares donde la firma tiene su concesión en provincia: Illa de Arousa y el puerto de Marín.
En el salón de plenos, el conductor de Valoriza reconoció que en los tres años que lleva el servicio concesionado en Poio en una veintena de casos se utilizó algún camión de recogida de basura del municipio en Illa de Arousa, en el puerto de Marín e incluso en una ocasión en Caldas de Reis. "Señaló que fue en momentos puntuales, una vez para probar si se adaptaba el camión de recogida lateral y en otras para apuros, como cuando algún otro vehículo está en mantenimiento", explicó Barreiro en referencia a las declaraciones del trabajador.
En la comisión también se transmitió que si bien el servicio en el Poio no incluye el pesaje de la basura recogida in situ, si lo hace la trasladada a Sogama, así como la que realiza el puerto de Marín que es llevada a una gestora.
"En el puerto pesan el camión al entrar y salir por la Policía Portuaria y tiene que coincidir con su planta gestora de O Porriño. Hay un portal de la Xunta que mide mucho eso y si no coincide se enfrentan a sanciones muy duras, por lo que no vemos motivo para pensar que estos restos pasasen a ser recogidos en Poio, ya que es el puerto y no la empresa la que se hace cargo del pago a su planta gestora de residuos, no le vemos el beneficio económico a la empresa si trasladase residuos del puerto a Poio", comentaba Barreiro tras la comisión.
Es más, el pliego del servicio en Poio recoge que superando una tonelaje en función de los habitantes, cuanto más cantidad de basura recoja, menos cobrará la empresa. Desde Valoriza estiman que desde mayo del 2018 al próximo mes -cuando cierra el año el servicio- que dejarán de percibir 5.000 euros del Concello de Poio al superar el tonelaje establecido, por lo que el propio Barreiro apuntaba a que "de estar asumiendo basura de otros municipios, iría en contra de los propios intereses de la empresa".
De los datos aportados por los trabajadores de Valoriza se extrajo que el servicio de recogida de basura en el puerto de Marín es de 200 toneladas al año frente a las 7.323 de Poio en 2018, cerca de 200 más que el pasado año y 40 menos que en 2016. Uno de los encargados que comparecieron ayer apunta a que la variación depende en gran medida de cómo fuera el año en cuanto a visitantes que tuviera el municipio cada año. La fluctuación anual en Poio es similar al de Illa de Arousa, por lo que Barreiro afirmaba que "no hay evidencias de que estemos asumiendo la basura de este otro municipio".
Sogama
Está previsto que la comisión de investigación, formada por tres ediles del BNG, tres del PP, dos del PSOE y la concejal del grupo mixto y que preside el propio Barreiro, continúe la próxima semana, en cuanto reciban los partes de incidencias de Sogama con la basura recogida en Poio. Con ello, se espera conocer si en los camiones con restos trasladados desde el municipio transportaron algún tipo de residuo atípico, como por ejemplo restos de obras.
"También pedimos que el PP, que fue el que acusa a la empresa de hacer pagar a los vecinos de Poio por el servicio de otros municipios, aporten sus pruebas, porque son unas acusaciones bastante fuertes", indicaba Barreiro aclarando que "de destapartse un trapicheo de basura, habría responsabilidad penal y la rescisión de la concesión".
