El tejido empresarial quiere dejar bien claro que defenderá en la medida de sus posibilidades que Ence continúe en la ría de Pontevedra. Así lo dejan claro en una comparecencia conjunta, la segunda esta semana del sector en el municipio, protagonizada por los responsables de Aempe; la Asociación de Jóvenes Empresarios, AJE; la Confederación de Empresarios de Pontevedra, CEP; la Cámara de Comercio, y la Plataforma Proindustria.

Vuelven a cerrar filas en torno a la fábrica y repiten que se perderán cientos de puestos de trabajo y que barajan personarse en la causa contra la ampliación de la prórroga a la fábrica en terrenos públicos de Lourizán. Lo hacen, aseguran, ante el peligro que sufrirá la economía, en donde "ya se han paralizado inversiones en Pontevedra y Galicia".

"Pedimos que detrás de cada cambio de criterio haya un estudio de impacto". Así de tajante se mostró ayer Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, CEP. "Pedimos a nuestros políticos que cuando legislen lo hagan a largo plazo y no a corto por criterios que no sean estrictamente económicos sino sociales", añadió.

Consideró que el allanamiento de la Abogacía del Estado en las demandas supone un "antimarketing contra nuestra seguridad jurídica".

"Solo esta noticia ha paralizado inversiones en Pontevedra y en Galicia", añadió, aunque, ante la insistencia de las preguntas de los periodistas no quiso especificar cuáles, ni cuándo ni dónde "para no identificar al sector ni a la empresa". "Estamos hablando de inversiones cienmillonarias y de sectores que todos tenemos en la cabeza", dijo.

"Los empresarios lucharemos para que prospere la seguridad jurídica", dijo, por su parte, Javier Touza, vicepresidente de la CEP.

Una vez más, los empresarios recordaron que la marcha de la pastera implicará no solo pérdidas para proyectos relacionados con el sector forestal, sino también el industrial en general. Y advierten de que no será solo a nivel local y autonómico, sino que también repercutirá a la economía a nivel nacional. Criticaron que la decisión de la Abogacía del Estado de allanarse responda "a una decisión política y con marcado carácter electoral".

"Esto va mucho más allá del impacto en Pontevedra; es un impacto en toda Galicia y España", alertó Cebreiros.

28% del PIB pontevedrés

Entre otros datos, el presidente de Aempe, José María Corujo, recordó que Ence representa el 28 por ciento del PIB de Pontevedra y 33 millones de euros al año en impuestos.

Cifró en 5.100 empleos directos e indirectos los que se benefician de la producción de la pastera y recalcó que el 90 por ciento son a tiempo completo e indefinidos.

"Respecto a la calidad de empleo, de todos es conocido que es la más alta en nuestra zona y no tan solo en la parte económica, sino también en otros aspectos sociales", dijo.

Para los empresarios, la marcha de Ence supondrá un varapalo a la "Marca España". "Los empresarios estamos unidos y queremos que los políticos nos escuchen", dijeron.

Por su parte, el presidente de AJE, Pablo Fernández, recordó que la preocupación no es solo por los proyectos relacionados con el sector forestal, sino con la industria en general. En este sentido, aludió a los proyectos logrados gracias al Plan Social de Ence en la comarca. "Nosotros mismos tenemos un programa de aceleración de emprendedores enmarcado en este plan, sin él muchas nuevas empresas no saldrían adelante", advirtió.

Respecto a la posibilidad de un traslado de la fábrica, Javier Touza, enumeró las características que debe tener una planta de nueva creación: estar cerca de un núcleo de población para nutrirse de trabajadores y próxima a un puerto. Evitó proponer una ubicación adecuada a la pastera fuera de la ría de Pontevedra porque, según dijo, "no soy técnico de infraestructuras ni de papeleras ni de biofábricas".

En manos de los asesores

Los empresarios no descartan personarse en la causa para defender la concesión de la prórroga a la fábrica. "Este asunto está en nuestros servicios jurídicos. Antes de hablar de poner dinero (en la colecta iniciada por los trabajadores) queremos saber si podemos personarnos", anunció Eduardo Barros, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra.