El Concello no retirará el recurso judicial ante la Audiencia Nacional contra la prórroga de 60 años que otorgó el Gobierno central en 2016. Los tres grupos que históricamente rechazan la presencia de la fábrica en la ría -BNG, PSOE y Marea- rechazaron en el pleno municipal de ayer, el último del mandato, la petición del PP para que el gobierno local se desligue de ese pleito. Los populares, que solo encontraron el apoyo de la concejala de Ciudadanos María Rey, creen que la retirada del recurso "sería un gesto muy potente en el ocaso de su carrera", según dijo el portavoz del PP, Rafael Domínguez, al alcalde, Miguel Fernández Lores. Desde el bando contrario a la permanencia de Ence en la ría, se alzaron las voces en demanda del "traslado" dentro de la comarca, una postura que defiende el PSOE desde hace tiempo y a la que ayer se sumó Marea.

Ence volvió a centrar la sesión municipal pese a que no acudió ningún representante de la empresa o su plantilla, por lo que no hubo incidentes como en el pleno del pasado viernes en la Diputación. Y eso que el gobierno local sí contaba con su presencia. De hecho, había un refuerzo de la Policía Local a la entrada y el alcalde, junto con algunos concejales, llegaron con media hora de adelanto y accedieron al Teatro Principal por una puerta lateral. Al final, entre el escaso público asistente a la sesión solo se dejaron oír tímidos aplausos de algunos opositores a la pastera.

El PP sabía que su petición de retirada del recurso tenía nulos visos de prosperar, sobre todo porque hay dos entidades más, defensa da Ría y Greenpeace, que también pleitean contra una prórroga ahora en jaque al decidir el Gobierno central dejar de defender su validez. Pero aún así, Rafael Domínguez no desaprovechó para reiterar su mensaje de que "Lores se irá a lo grande, mandando a la calle a 800 familias". Solo María Rey se sumó, en parte, a su causa: "Hay que dejar actuar a la justicia, sin injerencias políticas, pero defender los puestos de trabajo es una obligación de un alcalde", dijo la edil de C´s.

A partir de ahí, las intervenciones se centraron en denunciar el "pelotazo" de la venta de la empresa, en reclamar la negociación de un traslado y en aportar por la "recuperación ambiental de la ría".

Luís Rei, portavoz de Marea, recordó que "cuando la empresa se privatizó, se hizo con la fecha tope de 2018, de ahí que los compradores pagaran un precio muy módico", una operación que después cambió con la prórroga de 60 años. "En todos estos años nadie hizo nada por el traslado para mantener los beneficios ni el empleo, un traslado que la empresa dice que es imposible, pero se hizo en Bilbao, por ejemplo, y aquí no somos menos que nadie", añadió Rei, que acusó a Ence de "enrocarse, no ceder nada y acudir al chantaje".

En la idea del cambio de ubicación dentro de la comarca abundó el PSOE. Su concejal Iván Puentes rescató la Mesa de Diálogo entre compañía, Concello, Xunta y Gobierno central que los socialistas piden desde hace meses y acusó al PP de "defender los intereses de la empresa y no de los trabajadores al querer que se quede en Lourizán". Puentes dejó claro que "no hay que asumir" lo que dice la empresa e insistió en que "el traslado es viable y posible". Incluso citó ayudas europeas para ello y subrayó que "la propia Ence lo reconoce cuando dice que, de perder la concesión, se trasladará fuera de Galicia" .

El edil socialista negó que el ejecutivo de Pedro Sánchez cambiara de postura ya que "anunció que se revisaría era prórroga y así lo ha hecho, mientras que el PP cambia de opinión en cada cita electoral". En este sentido, se preguntó que postura adoptaría el Partido Popular si finalmente la Audiencia Nacional dice que la prórroga es ilegal. "¿Qué plan tiene el PP si eso ocurre, se opondrán a una sentencia judicial? A mí solo se me ocurre el traslado", detalló Puentes, que aconsejó a Rafael Domínguez que "no se limite a los intereses económicos a corto plazo de la empresa".

Por su parte, la postura contraria a Ence desde el gobierno local la expuso la concejala Carmen da Silva, una de las afectadas por las recientes pintadas aparecidas en la ciudad y cuya condena reiteró ayer Domínguez. Da Silva se preguntó "qué miedo tiene el PP a la Audiencia Nacional. Si se hizo tan bien y está seguro de que la prórroga es legal, no se entiende que pida la retirada de un recurso de un humilde concellos que siempre dijo que iba a luchar contra la presencia de Ence en la ría".

Frente a los mensajes del portavoz popular de que "Lores cierra empresa y no atrae a ninguna", la concejala del BNG reprochó que "para Domínguez solo existen dos empresas, Ence y Elnosa" y la recordó que la Xunta defendía en 2009 el traslado y aprobó para ello las Directrices de Ordenación dl Territorio (DOT) y el Plan do Litoral (POL), "que fueron recurridos por la empresa".