El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer que la postura de la Abogacía del Estado ante la prórroga de la concesión a la planta de la papelera Ence en Pontevedra, podría poner en peligro a otras muchas empresas e instalaciones que, como la pastera, ocupan terrenos en dominio público marítimo-terrestre. Alertó el presidente de que una "interpretación torticera" de la Ley, como la que cree que se está haciendo en este caso, pone también en riesgo el futuro conserveras y "decenas" de depuradoras, según declaraciones recogidas por Europa Press.

Tras denunciar el "conjunto de frivolidades del Gobierno", antes de participar en un acto del PPdeG sobre pesca en Teo (A Coruña), ha mostrado su "preocupación" ante las prórrogas concedidas, "de acuerdo con la misma normativa", a otras empresas que "están trabajando en el ámbito de dominio público marítimo", en concreto, a algunas conserveras.

"Dejémonos de bromas, volvamos a la seguridad jurídica y dejemos trabajar a Alcoa, a Ence, a las conserveras gallegas, a Meirama", remarcó el presidente de la Xunta de Galicia.

En un acto celebrado en el Hotel Congreso, ante representantes del sector de la pesca en Galicia, Feijóo ha vuelto a recordar las ventas por parte de 80.000 familias por la tala de madera en la comunidad que generan unos ingresos de aproximadamente 300 millones, de los que "más de 160 millones" proceden de la compra por parte de Ence.

Ante esto, Feijóo apuntó que la interpretación "interesada y torticera" de la Ley de Costas por parte del actual Gobierno socialista, "en sentido contrario al anterior" pese a que "la ley es la ley y solo se puede mudar con una reforma posterior", tendría que ser igual para Ence que para otras compañías, como conserveras o depuradoras, por lo que el resultado de este pleito judicial puede extenderse a otras empresas en situación similar.

"Si pensamos que una interpretación interesada y torticera puede fastidiar a una empresa de pasta papel... es la misma que nos van a hacer en el sector pesquero y conservero, nos podemos quedar sin decenas de depuradoras y sin varias industrias conserveras", aseguró.

Bateas

Así, Feijóo ha sugerido que la interpretación de la Ley de Costas "automáticamente se extenderá a conserveras y depuradoras", pero también se podría llegar a cuestionar "si la concesión a bateas hasta 50 años es legal o ilegal".

Así, ha pedido, desde una comunidad con 2.500 kilómetros de costa, "seriedad" con las empresas radicadas en zona de dominio marítimo-terrestre que necesitan "seguridad". Y ha concluido afirmando que "si no contaminan, si cumplen con declaraciones de impacto ambiental, si cumplen emisiones y si cumplen la ley", "no" se puede "jugar" con las concesiones en zona marítimo-terrestre.

Cabe recordar que el ínforme emitido por la Abogacía del Estado en el que renuncia a defender la prórroga concedida a Ence cita básicamente dos supuestas irregularidades por las que pide la anulación de esta ampliación de la concesión. La primera, que no se justificó que Ence no pudiera emplazarse en otra ubicación alternativa; la segunda, que la ley de Patrimonio impide que las concesiones (incluidas sus prórrogas) puedan extenderse más de 75 años. En el caso de Ence, dado que la concesión arrancó en 1958, la ampliación concedida ahora de 60 años más no estaría permitida. Desde la empresa sostienen que la prórroga cumple estrictamente lo establecido en la reforma de la Ley de Costas y que además esta normativa debería prevalecer sobre la de Patrimonio por ser más reciente y tener además carácter especial.

La Asociación Pola Defensa da Ría respondió ayer a las palabras de Ignacio Colmenares, consejero delegado de Ence, a la salida de la junta general de accionistas de la compañía. Considera que el directivo de Ence realizó un discurso "absolutamente cargado de mensaxes cos que pretende chantaxear á cidadanía da comarca e aos partidos políticos, afirmou que ou ENCE queda na Ría, ou marcha fóra de España".

Critican que se pretenda "xustificar esta decisión na 'falta de seguridade xurídica' no noso país" y señalan que "poida que estea a pensar en retomar os seus plans expansionistas no Uruguay ou no Brasil de Bolsonaro".

Para la APDR, resulta "intolerable que desde a cúpula de Ence, que cando mercou a fábrica de Pontevedra sabía que -de acordo coa lei- non poderían estar en Lourizán máis alá do 2018, falen agora de falta de seguridade xurídica".

También indican que "contrariamente ao que afirma o señor Colmenares, Ence non ten a razón xurídica nin a razón social". "Moi ao contrario; desde o punto de vista xurídico, a razón asístenos aos que vimos defendendo que a lei limita a 75 anos o tempo de permanencia dunha empresa en dominio público, e desde o punto de vista social á inmensa maioría da poboación que entendemos que Lourizán non é o emprazamento axeitado para unha empresa como Ence", añaden. Explican que "por máis que se empeñen en negar a evidencia, no caso de ENCE non está xustificado este emprazamento; e a norma, avalada polo Tribunal Constitucional, é moi clara a este respecto: 'as prórrogas ás concesións vixentes, só poderán concederse cando se trate de instalacións ou actividades que pola súa natureza, non poidan ter outra ubicación', un suposto que non se da no caso de Ence.