Tanto Colmenares como el propio presidente del Consejo, Juan Luis Arregui, garantizaron a los accionistas que la compañía seguirá defendiendo sus derechos en los juzgados y que están dispuestos a llegar incluso a las altas instancias europeas. "Haremos ver que la biofábrica de Pontevedra es un activo de Ence y también de toda Galicia, son recursos e ingresos imprescindibles para el futuro de más de cinco mil familias".

Por otra parte, se autorizó al consejero delegado y al secretario del Consejo para que "se defienda hasta las últimas instancias el interés de la sociedad, de sus accionistas, trabajadores y proveedores, incluyendo la exigencia de responsabilidad patrimonial al Estado por los daños y perjuicios causados, y las responsabilidades personales que procedan" ante la decisión tomada por el Estado. Algo que también solicitó un accionista a título individual, al entender éste que la administración pudo incurrir en una posible prevaricación con su cambio de criterio respecto a la prórroga de la concesión.

Colmenares solo garantizó las inversiones comprometidas para este año, por lo que las previstas para años próximos o que puede no ejecutarse en 2019 podría quedar en el aire, como los 15 millones para la EDAR de Lourizán.