La Audiencia Nacional obliga al Estado a pagar 70.000 euros a un vilagarciano que quedó sin su coche a consecuencia del mal funcionamiento de la Administración de Justicia que incumplió el deber de custodia de un vehículo intervenido en una operación antidroga en la que los implicados resultaron absueltos.
El turismo, un BMW-M3, estuvo durante varios meses estacionado frente a la Comisaría de Pontevedra en Joaquín Costa y llevado después al recinto ferial de A Xunqueira donde fue desguazado poco a poco hasta que el Concello de Pontevedra ordenó su retirada cuando poco más que le quedaba el chasis.
Pero se trataba de un coche de lujo, de apenas dos años de uso cuando fue intervenido, y a cuyo propietario le había costado 90.000 euros. Ahora, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional reconoce el derecho del propietario a recobrar el valor venal de turismo del año 2007, es decir 70.000 euros, indemnización que correrá a cargo de las arcas del Estado. Ya en 2006, el conductor del vehículo en el momento de la detención, pidió su devolución "dado que permanecía en la calle sin custodia ni vigilancia". Meses después se denegó su solicitud y se acordó la venta del vehículo en pública subasta, pero el procedimiento quedó paralizado. En este tiempo el Supremo absolvió a los dos implicados en la operación antidroga y ordenó a la Audiencia de Pontevedra la devolución del vehículo en 2010.
Cuando se iba a cumplir la orden, la Udyco de A Coruña "informa que el Ayuntamiento de Pontevedra había iniciado de oficio un expediente de abandono del vehículo, que finalmente fue destruido en 2007". Este procedimiento no fue comunicado a los propietarios y tampoco consta que se haya informado al órgano judicial a cuya disposición se encontraba el vehículo. Por tal motivo, el Consejo del Poder Judicial, con fecha de 19 de abril de 2012 emite un informe que acredita que se ha producido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, conclusión que reitera dos años después en otro escrito.
