Indignación, pero también temor, es lo que sienten los trabajadores de Ence desde que se ha conocido que la Abogacía del Estado se allana en la causa contra la ampliación de la prórroga a la pastera en la ría de Pontevedra hasta el año 2073, concedida durante el gobierno en funciones de Mariano Rajoy en 2016.

En una jornada maratoniana, los comités de la biofábrica y oficinas centrales de Ence se reunieron ayer en varias asambleas para abordar su movilización ante el miedo a perder sus puestos de trabajo.

Después de varias horas, emitieron un comunicado en el que informaron de las medidas que tomarán a las que seguirán "cualquier otro tipo de actuaciones" que todavía, aseguran, están valorando.

Los trabajadores de la fábrica y las oficinas centrales de Ence en Lourizán afirman que sienten indignación "por los últimos acontecimientos acerca del cambio de criterio del gobierno y la utilización del futuro de los miles de puestos de trabajo como arma electoral".

A las dos asambleas celebradas ayer, una por la mañana y otra por la tarde, asistió la mayoría de la plantilla.

La principal decisión que tomaron fue la de organizar una manifestación "para mostrar la disconformidad y preocupación de todos los trabajadores ante el giro inesperado acerca de la prórroga de la concesión", que, recalcan, "pone en peligro el futuro de miles de empleos.

Pero además de hacerse ver en la calle, quieren que se les oiga también en las instituciones. Por ello, tienen previsto asistir al pleno de la Diputación provincial el próximo viernes 29 de marzo. Para ello han solicitado la intervención de los dos presidentes de los comités, Ignacio Acuña y Ana Cedeira, a la que están esperando respuesta.

La postura de los trabajadores se une a la de la propia empresa y buena parte del sector industrial. Ence asegura que el cierre de su fábrica en Pontevedra afectaría a cerca de 5.000 trabajadores, entre los directos e indirectos.

Asimismo, la pastera cuenta con el apoyo del PP y de la Xunta de Galicia, que ha anunciado que "ejercerá sus competencias" en defensa de la permanencia de la fábrica en la ría de Pontevedra.

"No tiene sentido que, hace 24 meses, se envíe un mensaje de tranquilidad a la empresa y a los trabajadores, que facilita las inversiones, y dos años después se cambie de criterio", aseguró recientemente.

La Plataforma Proindustria, por su parte, ha advertido que Pontevedra se convertirá en un "desierto industrial". Los empresarios advierten de que una eventual marcha de celulosas conllevaría también la deslocalización de Pontevedra del escaso tejido industrial que queda en la comarca, dado que no tendría a quien prestar sus servicios.

También alertan del posible efecto de rechazo que podría producirse entre los inversores como "ciudad antiindustria".