La acusación por el que se considera como el último ajuste de cuentas del narcotráfico gallego hasta el momento, que se saldó con dos supuestos integrantes de una red dedicada al narcotráfico desaparecidos, se tambalea por la ausencia de una testigo "base", tal y como la definió el propio Ministerio Fiscal. Concretamente, el juicio se celebra por la desaparición de uno de los implicados en el alijo de 4.000 toneladas de hachís del barco "Garbi III", hundido el 15 de septiembre de 2010 frente a las costas portuguesas. El desaparecido es Bernardo Villaverde Amil, vecino de Monte Porreiro, a quien se le perdió el rastro apenas unos días más tarde de aquel alijo frustrado y después de que varios de los acusados en este proceso, junto con otras personas, lo hubieran ido a buscar a su casa de Monte Porreiro. Y la testigo clave es su mujer, quien ha sido localizada en varias ocasiones en Sudamérica, pero que parece que no está dispuesta a trasladarse a España para comparecer ante la Audiencia.
Ella fue quien vio por última vez a su esposo subirse a un Volkswagen "Beetle" con uno de los acusados y otros montados en dos coches que lo seguían el mediodía del 19 de noviembre de 2010. Después, salvo una breve llamada telefónica sobre las dos de la tarde, en la que le decía que volvería a casa ese mismo día, nunca más supo de nada de él.
El juicio que ayer tenía previsto celebrarse en la Audiencia de Pontevedra solo aborda la desaparición de Villaverde Amil, pero tanto la Fiscalía como la Policía Nacional están totalmente convencidos de que la misma investigación está relacionada con otra ausencia que se produjo de forma paralela, la del conocido narco José Antonio Pouso Rivas, alias "Pelopincho", de quien están convencidos que también participaba en la operación del "Garbi III". Se sospecha que ambos pudieran haber desaparecido en un ajuste de cuentas por la pérdida de aquel cargamento, del que quizás las mafias marroquíes, dueñas del alijo, creyeron que pudo haber sido robado.
Fue esta testigo clave, la mujer de Villaverde Amil, quien denunció la desaparición y que, "días después", según las propias defensas, decidió regresar a su país de origen en Sudamérica. Las defensas señalaron que tras dos intentos de celebrar el juicio -y ambas sin la presencia de esta mujer-, que más que demostrado que se trata de unas incomparecencias "voluntarias" y que muestran que "no parece que haya mucho interés" por parte de la mujer en conocer el paradero de su propio marido. De hecho, una de las letradas señaló que, o bien no tiene intención de declarar o apunta incluso a una "desaparición voluntaria" de Villaverde Amil, insinuando que bien pudiera estar conviviendo con su esposa.
Es por ello que solicitaron al tribunal que "celebre el juicio con la prueba que hay", que se queda bastante coja sin esta testigo, o que dicte una sentencia absolutoria contra los cuatro acusados, todos ellos vecinos de O Salnés. Las defensas insistieron en que, lo que no puede ocurrir, es que "esta espada de Damocles" que es una acusación de diez años de prisión por detención ilegal, penda sobre sus cabezas por tiempo indefinido. Los abogados recordaron que el caso se remonta ya a nueve años atrás.
Comisión rogatoria a Bolivia
Así las cosas, el fiscal jefe de la Audiencia, Juan Carlos Aladro, pidió el archivo provisional de la causa a la espera de poder citar a la mujer de nuevo, quien actualmente está localizada en Bolivia, y que pueda ser interrogada con todas las garantías. El tribunal suspendió el juicio y, según los letrados, parece decantarse por esta última opción, aunque habrá que esperar a ver el auto sobre este asunto.
El fiscal reconoce que, si pasado un tiempo prudencial la comisión rogatoria que se remitirá a Bolivia para localizar a esta mujer no fructifica, deberá ir a juicio sin este testimonio que es una de las piedras angulares de su acusación.
En el banquillo de los acusados se sientan cuatro vecinos de O Salnés, entre ellos, Manuel S. F., alías "Machucho", que ya fue condenado por el transporte de hachís frustrado que dio lugar a este supuesto ajuste de cuentas. Así como Fernando S. S. "el Pirata"; José Manuel F. T. y J. J.C. G., para quienes el fiscal pide una pena de diez años de prisión por detención ilegal.
