16 de marzo de 2019
16.03.2019

Ence calcula que abandonar Lourizán le costaría a la empresa unos 185 millones

A ellos habría que sumar los 99 millones de beneficio que calculan que reporta anualmente la biofábrica de Pontevedra -Se trata de una previsión ante "el peor escenario" posible

16.03.2019 | 02:33
La fábrica de Ence en Lourizán. // Rafa Vázquez

Cumpliendo con su obligación de comunicar a la Comisión Nacional de Mercado de Valores cualquier situación que pueda afectar a los inversores, Ence Energía y Celulosa remitió ayer a la entidad supervisora sus previsiones sobre el impacto económico que tendría sobre la sociedad el que califican como "peor escenario posible" para sus intereses, después del allanamiento de la Administración General del Estado en los procedimientos que se siguen contra la prórroga de la concesión de su fábrica en Pontevedra. Unos cálculos que cifran en unos 185 millones el impacto económico que tendría sobre la cuenta de resultados de la sociedad, este peor escenario que implicaría el cese de la actividad en la biofábrica de Lourizán.

Con todo, el perjuicio incluso sería mayor, dado que la empresa dejaría de sumar en años venideros el beneficio que actualmente le reporta la fábrica de Pontevedra y que en este mismo comunicado cifra en 99 millones de euros.

Así las cosas, en 2018, el Ebitda de la sociedad (es decir, el beneficio bruto de explotación) alcanzó los 291 millones de euros, de los que 245 corresponden al negocio de la celulosa, entre ellos estos 99 millones que corresponden al complejo de Lourizán.

El Grupo Ence señala que "en el improbable supuesto que se produjera el cese de la actividad indicado" se calcula este "impacto único extraordinario" en la cuenta de resultados del entorno de 185 millones. Señalan que, de la cifra anterior, 74 millones de euros tendrían impacto en caja, de los cuales 43 millones se destinarían a actuaciones de desmantelamiento, 16 millones a cancelación de contratos en vigor (unos cálculos que además realiza basándose en la experiencia del desmontaje de la fábrica de celulosas que tenían en Huelva) y 15 millones más que tendría de coste un expediente de regulación de empleo de extinción total para los casi cuatrocientos trabajadores que tiene la planta de Lourizán.

Se señala que la cifra restante de 111 millones, no tendría efecto en caja, ya que responde "al deterioro del activo". No obstante, la compañía asegura que incluso afrontando este "peor escenario", la "fortaleza del balance de la sociedad y su bajo endeudamiento, unido a los altos precios de la celulosa previstos para los próximos años" permitiría a la empresa "hacer frente a la situación reformulando su plan estratégico pero sin renunciar" a los objetivos marcados actualmente.

La sociedad ha evaluado este "peor escenario posible" al que se llegaría solo después de que todas las actuaciones judiciales que está ejercitando y va a ejercitar la empresa para defender "la validez de la prórroga" concedida en 2016 fracasasen y que no se encontrase una "alternativa aceptable para la sociedad que permitiera la continuidad de la biofábrica de Pontevedra". La empresa reiteró ayer su intención no solo de defender la legalidad de la prórroga ante la Audiencia Nacional pese al allanamiento por parte de la Abogacía del Estado, sino que confirmó que presentaría todos los recursos (ordinarios y extraordinarios) ante instancias superiores en el caso de que la resolución fuese contraria a sus intereses.

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