El futuro de la fábrica de Ence en la ría, que parecía garantizado hasta 2073, puede registrar un vuelco radical en los tribunales después de que la Abogacía del Estado haya decidido allanarse en los tres recursos contencioso-administrativos planteados ante la Audiencia Nacional contra la prórroga de sesenta años otorgada en enero de 2016 por el Gobierno central que entonces presidía Mariano Rajoy. Ese allanamiento fue solicitado expresamente por el Concello a la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en septiembre pasado.
Tres años después, otro ejecutivo en La Moncloa, el que encabeza el socialista Pedro Sánchez, da validez ahora a los argumentos que el Concello de Pontevedraformularon en su día contra aquella ampliación de la concesión de Costas. La decisión de la Abogacía del Estado supone dejar de defender ante la Audiencia Nacional la validez de esa prórroga y abre la puerta, por tanto, a una sentencia que la declare nula.
De hecho, el informe elaborado por este departamento del Ministerio de Justicia ya apunta a que la ampliación del plazo por sesenta años más concedida por Costas el 20 de enero de 2016 "no sería conforme a derecho" por incumplir dos apartados de la propia Ley de Costas de 2013: el plazo máximo de la propia concesión y la falta de justificación de la ubicación en terrenos marítimo-terrestre para una actividad industrial de estas características.
Cascada de reacciones
Este allanamiento ha abierto una cascada de reacciones, sobre todo políticas, de todo tipo. Desde el gobierno local se opta por la "satisfacción moderada" ya que cualquier resolución que pueda adoptar la Audiencia Nacional sería recurrida ante el Tribunal Supremo, lo que prolongaría aún más el proceso. En todo caso, la concejala Carmen da Silva asegura que "se abre de nuevo una puerta a la esperanza".
En la misma idea se sitúan Greenpeace y Defensa da Ría, así como el PSOE, que desde hace días conocía esta resolución, mientras que el PP calificó el día de ayer de "trágico" y "dramático" y el allanamiento como una "barbaridad". Su portavoz, Rafael Domínguez, culpa directamente al alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, de "abocar al paro a miles de familias", un argumento que esgrime también la propia Ence.
PP y Ence califican de "cambio de criterio" y "decisión política" el nuevo escenario que plantea el Gobierno central y que se resume en un informe de seis folios de la Abogacía del Estado, fechado el pasado 4 de marzo. Este documento, pare el que se abren cinco días de posibles alegaciones de los afectados, concluye que la prórroga de sesenta años para ocupar 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre podría ser ilegal por dos argumentos coincidentes en los tres recursos ante la Audiencia.
En primer lugar hace referencia a un dictamen del Consejo de Estado de septiembre de 2014 y a la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, referido al plazo máximo que puede tener una concesión, que se cifra en 75 años. Subraya que ese periodo "no puede ser entendido como un nuevo plazo máximo a sumar al propio inicial de la concesión, sino que es el resultado de la concesión inicial y el plazo de prórroga, no pudiendo superar en conjunto los 75 años". Así, la ampliación otorgada en 2016 "no sería conforme a derecho" por superar ese tope máximo.
El gobierno local explicó que la concesión original en las marismas de Lourizán se otorgó en 1958, por lo que su conclusión no puede sobrepasar el año 2033, cuarenta años antes de la prórroga concedida. Como máximo, Ence solo podría estar en su actual ubicación dos décadas más.
Pero aquí entra en juego el segundo argumento que asume como propio la Abogacía del Estado: qué actividades son permitidas en el dominio público marítimo terrestre. El informe dice que "únicamente se podrán permitir las que no puedan tener otra ubicación", es decir "las que desempeñan una función o presten un servicio que, por sus características, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre; y las de servicio público o al público que, por la configuración física del tramo de costa en que resulte necesario su emplazamiento, no puedan ubicarse en los terrenos colindantes a dicho dominio".
Y Ence no cumple esas condiciones, a juicio de la Abogacía del Estado, que se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2015 para decir que "las prórrogas solo podrán concederse cuando se dé cumplimiento" a esas exigencias, un cumplimento que no ocurre en la orden de enero de 2016. En ese documento "no queda justificado que la ubicación de la mercantil no pueda tener otro emplazamiento", de modo que la prórroga "no sería conforme con el régimen normativo aplicable".
