El Ministerio del Interior ha dictado en los últimos seis años, entre 2013 y 2018, un total de 553 órdenes de expulsión de personas extranjeras que residían o se encontraban en la provincia de Pontevedra. A estas cifras se suman once expedientes más ya resueltos en lo que va de 2019, al menos hasta el 25 de febrero, lo que arroja un resultado total de 562 órdenes.
Así consta en una respuesta, datada en esa fecha, que el Gobierno central ofrece a los diputados del PP en la provincia Pilar Rojo y Tomás Fole.
El documento señala que la media anual es de 92 expulsados por año, si bien en 2014 (96 casos), 2015 (también 96) y sobre todo 2018 (123 expulsiones), superaron esa media, mientras que en 2016 y 2017 el volumen total se redujo a 71 y 74 expedientes respectivamente.
A la vista de los datos de menos de dos meses de 2019, once casos, por el momento la cifra de este ejercicio también es ligeramente inferior a la media mensual de otros años.
En todo caso, la propia respuesta en el Congreso de los Diputados hace algunas aclaraciones. En primer lugar indica que "los datos proporcionados son aproximados, puesto que cuando opera la prescripción de una resolución de expulsión, en virtud de las reglas previstas en el artículo 56 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y en el artículo 225 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, no se modifica automáticamente en las Bases de Datos".
La segunda aclaración de la respuesta indica que "asimismo, puede continuar en vigor un pequeño número de resoluciones de expulsión con prohibición de entrada superior a cinco años (excepcionalmente hasta diez años en virtud de lo previsto en el artículo 58.2 de la Ley de Extranjería), que no figuran en la estadística mostrada".
